La autoridad expresó preocupación por los hechos ocurridos en San Julián y Río Abajo, donde se registraron heridos, detenidos y daños materiales durante los operativos de despeje de rutas.
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, lanzó una crítica abierta a la conducción de los recientes operativos de desbloqueo y acusó al presidente Rodrigo Paz de haber promovido públicamente la participación de civiles en estas acciones, una situación que, según afirmó, incrementa el riesgo de enfrentamientos y vulnera el papel que corresponde a las instituciones de seguridad.
La declaración fue emitida mediante un comunicado oficial difundido tras los acontecimientos registrados en San Julián, Santa Cruz, y en la región de Río Abajo, La Paz. En ambos casos se reportaron incidentes que dejaron personas heridas, detenidas y daños a bienes particulares.
Lara sostuvo que la presencia de grupos civiles durante los operativos constituye un hecho preocupante y observó que algunas personas fueron vistas portando artefactos explosivos. A su criterio, este tipo de situaciones no debería producirse en intervenciones que están bajo responsabilidad de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
“Lo ocurrido evidencia un escenario peligroso para la población”, señaló la autoridad, quien además cuestionó la estrategia aplicada para restablecer la circulación en las carreteras bloqueadas.
Dentro de su pronunciamiento, el vicepresidente responsabilizó directamente al jefe de Estado. “El presidente Rodrigo Paz convocó públicamente a los desbloqueos con participación de civiles”, afirmó, al tiempo de advertir que las autoridades no deben alentar acciones que enfrenten a ciudadanos entre sí.
Asimismo, pidió que organismos internacionales y de derechos humanos sigan de cerca los hechos ocurridos. Entre las instituciones mencionadas se encuentran la CIDH, la ONU y la OEA, a las que solicitó observar y registrar los acontecimientos denunciados.
Lara también demandó el cese inmediato de cualquier participación de civiles en operativos de seguridad y remarcó que la preservación del orden público debe recaer exclusivamente en las entidades facultadas por la Constitución y las leyes del país
