La investigación sobre el millonario cargamento de oro enfrenta crecientes observaciones porque solo una persona permanece detenida, mientras persisten preguntas sobre el resto de los involucrados.
La incautación de un cargamento de más de 100 kilos de oro en el aeropuerto internacional de Viru Viru mantiene abiertas varias interrogantes sobre el alcance de la investigación. Aunque el operativo permitió decomisar un mineral valuado en aproximadamente 25 millones de dólares, hasta el momento únicamente un joven de 20 años permanece con detención preventiva. La situación provocó cuestionamientos de legisladores, dirigentes sociales y un abogado, quienes consideran que un caso de esa magnitud no puede limitarse a un solo procesado y demandan identificar a toda la estructura que habría participado en el traslado del cargamento.
Observan resultados de la investigación
La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, sostuvo que la respuesta de las instituciones encargadas del caso no corresponde a la dimensión del hecho investigado. Señaló que la liberación de otras personas inicialmente arrestadas genera dudas sobre el desarrollo de las pesquisas y pidió que las autoridades informen con mayor claridad cuáles fueron los elementos considerados durante la investigación.
«Justicia y Policía pierden credibilidad. ¿Cómo es posible que solo se tenga a un solo detenido en posesión millonaria de oro y los otros estén libres?», declaró.
La legisladora también cuestionó la actuación del Gobierno y pidió la destitución del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. «El Gobierno debe dar una explicación inmediata y destituir al ministro Oviedo, por incapaz», afirmó.
Claros expresó además su desacuerdo con la decisión de convocar inicialmente al ministro de Gobierno a la Asamblea Legislativa para informar sobre el caso, cuando considera que el Ministerio Público debía explicar primero el estado de la investigación.
Piden identificar a toda la red
El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi, manifestó que el decomiso del oro podría revelar una estructura de mayor alcance dedicada al tráfico ilegal de minerales.
«Es solo la punta del iceberg», afirmó, al insistir en que las investigaciones deben avanzar hasta determinar todas las responsabilidades.
Guarachi también sostuvo que, si el proceso se desarrolla de manera completa, podrían aparecer personas con mayores niveles de responsabilidad dentro de la organización que habría participado en el traslado del cargamento.
Legisladores anuncian fiscalización
El diputado Rafael López informó que impulsará solicitudes de información para conocer cómo se ejecutó el procedimiento y por qué otras personas dejaron de estar bajo custodia pese a la magnitud del caso.
A su juicio, resulta poco probable que un solo joven haya organizado y ejecutado el transporte de más de 100 kilos de oro.
«Solamente arrestaron a un niño de 20 años, pero él no va a ser Giman, no va a ser Hulk para transportar solito esos más de 100 kilos de oro; ha necesitado ayuda», manifestó.
El legislador también indicó que corresponde esclarecer quién elaboró la documentación utilizada durante el traslado del mineral y quién permitió que el cargamento llegara hasta el aeropuerto.
Cuestionan el papel de las instituciones
El abogado Jorge Durán afirmó que la investigación debe extenderse hacia todas las instancias que tuvieron participación en los controles del cargamento. Señaló que este tipo de hechos no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad del transportista.
«¿Cómo es posible que instituciones serias del Estado (…) permitan el contrabando?», expresó.
Durán también sostuvo que el oro decomisado no debe ser devuelto mientras continúe el proceso judicial y remarcó que el contrabando del mineral ocasiona importantes pérdidas económicas para el país.
Por su parte, el diputado de Alianza Libre, Sergio Chávez, indicó que la investigación debe reconstruir todo el recorrido del cargamento, establecer quién autorizó su desplazamiento y determinar si existieron funcionarios o particulares que facilitaron la operación. El legislador remarcó que un caso valorado en cerca de 25 millones de dólares requiere establecer responsabilidades en todos los niveles involucrados y no limitar las actuaciones judiciales a una sola persona detenida.
CASO DEL ORO ABRE DUDAS POR LIBERACIÓN DE INVESTIGADOS
