La propuesta de redistribución nacional traslada nuevas responsabilidades a las regiones. Para Beni y Pando, el desafío será sostener servicios públicos con una estructura económica limitada.
La redistribución del 50% de los ingresos nacionales hacia las entidades territoriales ha sido presentada como una reforma para fortalecer la autonomía de los gobiernos subnacionales. No obstante, en Beni y Pando el proyecto también genera preocupación por las implicaciones financieras que tendría asumir nuevas competencias sin contar con una estructura económica capaz de sostenerlas en el tiempo. La incertidumbre no gira únicamente alrededor del monto que recibirán ambos departamentos, sino del costo que significará administrar funciones que actualmente dependen del Gobierno central.
Una economía con escaso margen
Beni y Pando figuran entre los departamentos con menor capacidad de generación de ingresos propios. La actividad industrial es reducida, el número de contribuyentes es menor respecto a otras regiones y la economía mantiene una fuerte dependencia de sectores primarios, factores que limitan la recaudación departamental.
Esa realidad ha llevado a que gran parte de sus presupuestos provenga de transferencias nacionales. Aunque una distribución del 50/50 podría representar un incremento en los recursos administrados por las gobernaciones, ese beneficio perdería alcance si al mismo tiempo deben cubrir gastos que hoy financia el Tesoro General del Estado.
La propuesta impulsada por el Gobierno establece que la redistribución estará acompañada por un proceso de transferencia de competencias. El presidente Rodrigo Paz señaló que la iniciativa «no consiste solamente en repartir recursos, sino también en compartir responsabilidades», lo que supone una modificación profunda del modelo actual de administración pública.
El costo de gobernar en la Amazonía
Las condiciones geográficas convierten a Beni y Pando en dos de los departamentos donde el Estado enfrenta mayores costos para prestar servicios públicos.
La atención médica en comunidades alejadas, el mantenimiento de caminos, el transporte de personal, la provisión de insumos y la ejecución de obras requieren inversiones superiores debido a las largas distancias y a la dispersión de la población.
En numerosos municipios, el acceso depende de rutas fluviales o de transporte aéreo durante determinadas épocas del año, elevando el gasto operativo de cada programa público.
Bajo esas condiciones, asumir nuevas responsabilidades sin un mecanismo de compensación específico podría incrementar la presión sobre los presupuestos departamentales.
Una fórmula que puede marcar diferencias
El efecto final del 50/50 dependerá de la metodología que adopte la futura ley para distribuir los recursos.
Si la asignación privilegia la cantidad de habitantes, Beni y Pando recibirían una proporción menor frente a departamentos con mayor población.
Sin embargo, ambos departamentos sostienen características que elevan significativamente el costo de la gestión pública, como la extensión territorial, la dispersión poblacional y las dificultades de conectividad.
Esos elementos son considerados por autoridades subnacionales como variables necesarias para evitar que regiones con mayores desafíos geográficos queden en desventaja.
Menos respaldo para proyectos estratégicos
La preocupación también alcanza a la inversión pública que actualmente ejecuta el Gobierno central en ambos departamentos.
Hospitales, carreteras, infraestructura educativa, proyectos de desarrollo productivo y programas sociales dependen en buena medida de financiamiento nacional. Si parte de esos recursos deja de ser administrada por el nivel central sin que exista una compensación equivalente, las gobernaciones tendrían que cubrir una parte creciente de esas obligaciones con presupuestos limitados.
Mientras continúa la socialización del proyecto, Beni y Pando observan con atención la definición de la futura norma. Más allá del porcentaje de distribución, el verdadero impacto estará determinado por la forma en que se repartan los recursos y por la capacidad real de ambos departamentos para asumir competencias que demandan un gasto permanente y creciente.
EL 50/50 PUEDE DEJAR A BENI Y PANDO CON MÁS CARGAS QUE RECURSOS
