El agro cruceño denuncia que el presidente Rodrigo Paz rompió el pacto de pacificación al procesar penalmente a las autoridades del movimiento campesino boliviano.
El procesamiento penal de los mandos agrarios reabrió el escenario de confrontación en las carreteras del país. Los representantes de las comunidades campesinas manifestaron su indignación ante lo que consideran un engaño directo del Gobierno nacional, que utilizó las mesas técnicas para desactivar los paros mientras alistaba las demandas en la Fiscalía.
El representante de Santa Cruz, Joel Guarachi, arremetió contra las acciones judiciales de la administración estatal y anticipó protestas masivas inmediatas. “El pueblo está molesto, igual se va movilizar a pesar del estado de excepción contra la persecución política que está haciendo este gobierno”, sentenció, dejando en claro que las prohibiciones constitucionales no detendrán los bloqueos.
La defensa del dirigente Vicente Salazar unificó a los diferentes bloques agrarios, que ven un intento de arrodillar al movimiento indígena frente a mandatos externos. Los comunarios advirtieron que la reclusión definitiva de su máximo representante reactivará las trancas en los ejes comerciales del país de forma indefinida, sin importar el despliegue de las fuerzas del orden.
Guarachi recordó la trayectoria del gremio al explicar que el rol de un representante es simplemente operativizar la voz del sector rural. Con el clima social tensionado, la CSUTCB responsabilizó de manera directa al Mandatario por las consecuencias económicas del inminente cerco, ante la evidente falta de garantías constitucionales para ejercer la actividad sindical.