Una investigación mediática afirma que las 32 maletas transportaban dinero y no droga, mientras el Ejecutivo reconoce información anticipada; Fiscalía y Aduana revisan controles, responsabilidades y posible ampliación de delitos.
La investigación sobre las 32 maletas que ingresaron a Bolivia por el aeropuerto de Viru Viru atraviesa un nuevo punto de tensión pública luego de que el programa Que No Me Pierda, de la red televisiva Red Uno, difundiera una denuncia que contradice la hipótesis inicial del caso. El reportaje sostiene, citando a una fuente que presenta como directa y con acceso a datos de la investigación, que el cargamento principal habría sido 100 millones de dólares en efectivo, y no droga.
La versión difundida en televisión no estuvo acompañada de documentos oficiales exhibidos públicamente ni de evidencia material mostrada en pantalla, pero su impacto fue inmediato porque introduce un posible componente financiero de gran magnitud en un proceso que hasta ahora estaba centrado en delitos vinculados al narcotráfico.
El caso tomó notoriedad meses atrás cuando autoridades confirmaron que 32 maletas ingresaron al país el 29 de noviembre en un vuelo privado procedente del exterior. La exdiputada Laura Rojas llegó en esa aeronave y utilizó un pasaporte diplomático que, según la Cancillería, ya no tenía vigencia en la fecha del viaje. Las valijas no fueron sometidas a revisión por escáner ni a inspección manual en la terminal aérea, un hecho que actualmente es parte de las investigaciones penales y administrativas.
Días después del arribo, parte del equipaje fue trasladado a un galpón perteneciente a una empresa de seguridad privada. En ese lugar, durante un operativo posterior, se encontraron 79 kilos de marihuana, lo que dio pie a imputaciones por tráfico de sustancias controladas y otros delitos conexos. Esa evidencia física es, hasta el momento, el elemento confirmado dentro del proceso judicial.
La denuncia periodística cambia el foco y plantea que el peso y volumen de las maletas, descritos por testigos como inusualmente elevados, corresponderían a divisas en efectivo. Esta hipótesis no ha sido validada por el Ministerio Público, pero ya forma parte de las líneas que, según fuentes fiscales consultadas por distintos medios, podrían revisarse si aparecen indicios verificables.
En paralelo, el presidente Rodrigo Paz reconoció públicamente que el Gobierno tenía información previa sobre el denominado “caso Maletas” antes de que se hiciera conocido por la opinión pública. En una entrevista concedida a Radio Panamericana, la autoridad explicó que esos antecedentes se manejaron de forma reservada para identificar una estructura mayor y evitar que posibles involucrados escaparan o destruyeran evidencias.
La admisión generó cuestionamientos desde distintos sectores ciudadanos y políticos. La principal duda que se plantea es por qué, si existían datos anticipados, no se activaron controles más estrictos en el momento del ingreso del vuelo y las maletas. Desde el Ejecutivo se sostiene que una intervención prematura podía comprometer una investigación más amplia, argumento que ahora convive con pedidos de mayor transparencia sobre las decisiones adoptadas.
La Aduana Nacional inició procesos internos para establecer responsabilidades de funcionarios que estaban de turno el día del arribo. La institución recordó públicamente que los protocolos obligan a revisar equipaje en vuelos privados, incluso cuando los pasajeros presentan documentos diplomáticos, salvo excepciones muy específicas. También se solicitaron informes a Migración, a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a operadores aeroportuarios para reconstruir la cadena de controles y omisiones.
En el ámbito judicial, un juez y un guardia de seguridad vinculados al galpón donde se halló la droga cumplen detención preventiva mientras avanzan las investigaciones. La exdiputada Rojas fue aprehendida y luego trasladada a un centro médico por problemas de salud, según reportes oficiales. Su defensa rechaza las acusaciones y sostiene que no existe prueba directa que la vincule con una red criminal.
La posibilidad de que el caso incluya un movimiento de 100 millones de dólares abriría un escenario penal distinto al inicialmente planteado. Expertos en investigación financiera señalan que montos de ese tamaño suelen dejar rastros en vuelos, seguros, empresas intermediarias y registros aduaneros en países de origen y tránsito. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado públicamente reportes técnicos que confirmen esa cifra.