Una trama continental se activaría en Bolivia para deslegitimar elecciones y favorecer intereses privados vinculados al litio
(Nota elaborada a partir del artículo original de Jorge Petinaud Martínez, corresponsal jefe en Bolivia, publicado por Prensa Latina)
Una estrategia similar a la empleada en Venezuela para deslegitimar procesos electorales podría estar desarrollándose en Bolivia, de acuerdo con el análisis de la cientista política Helena Paz, quien hizo públicas sus preocupaciones en un artículo que pone bajo la lupa las declaraciones del empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure.
Durante una entrevista televisiva, Claure manifestó su interés por replicar el esquema aplicado en Venezuela para controlar el proceso electoral y evitar, según él, un fraude. «¿Cómo vamos a ayudar para que en estas elecciones haya un control electoral y no haya fraude? Ese es mi próximo proyecto», afirmó, haciendo referencia a un contacto con María Corina Machado, figura de la oposición venezolana.
El involucramiento de Claure, uno de los principales accionistas en Ausenco, firma transnacional minera que apunta al litio boliviano, levanta alertas. Bolivia posee 23 millones de toneladas certificadas de este recurso estratégico, lo que lo convierte en un botín apetecido a nivel global. Paz advierte que esta conexión podría ser el trasfondo de un intento por enturbiar el proceso electoral si los resultados no favorecen a ciertos intereses económicos y políticos.
Paz señala que la oposición ha comenzado a preparar un «conteo paralelo» que permitiría invalidar los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este mecanismo incluiría la presentación de actas manipuladas y la búsqueda de respaldo internacional, emulando la estrategia implementada por la derecha venezolana con apoyo de la OEA.
La estrategia tendría tres pilares: cuestionar la legalidad de las decisiones del TSE, alegar manipulación en el conteo oficial, y deslegitimar el padrón electoral, incluyendo el voto del exterior. Esta campaña se da en un contexto de fragmentación del MAS, entre los seguidores del presidente Luis Arce, el senador Andrónico Rodríguez y el exmandatario Evo Morales.
Desde el frente opositor se presentó recientemente la iniciativa «Cuidemos el Voto», integrada por 29 plataformas, colectivos y agrupaciones que buscan instalar una narrativa de «defensa de la democracia». La vocera de esta propuesta, Jhanisse Vaca Daza, fundadora de Ríos de Pie, afirmó que el esfuerzo se basa en tecnología, compromiso ciudadano y vigilancia del proceso electoral. Sin embargo, La Época advirtió que esta ONG fue instrumental en el golpe de Estado de 2019 y es financiada por la USAID.
La publicación reveló también la existencia de un «pacto secreto» en Miami entre diversos actores de la oposición boliviana, según declaraciones del exdiplomático Ronald McLean. Este encuentro, auspiciado por funcionarios estadounidenses, buscaría la unificación de la derecha para disputar el poder en las elecciones del 17 de agosto.
La organización Ríos de Pie, según investigaciones anteriores de periodistas como Eva Golinger y Jean Guy Allard, ha sido una herramienta usada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para intervenir en procesos políticos de naciones soberanas, bajo el discurso de promoción de la democracia.
El artículo de La Época también sostiene que el empresario Samuel Doria Medina, el partido Comunidad Ciudadana y otros opositores estuvieron involucrados en el «pacto de Miami». Zvonko Matkovic, dirigente del ala dura de Creemos, adelantó que este encuentro es solo uno de varios que se realizarán para consolidar una fuerza que haga frente al bloque nacional-popular.
Este cuadro evidencia que Estados Unidos mantiene un activo interés en los procesos políticos de Bolivia, no solo por su ubicación geopolítica, sino por su riqueza natural, en especial el litio, mineral clave en la transición energética global.
La preocupación de analistas como Paz radica en que, de repetirse el libreto venezolano, se estaría apostando a un clima de inestabilidad institucional que podría derivar en un nuevo intento de deslegitimar la voluntad popular. En este escenario, la narrativa de «fraude electoral» se usaría como herramienta de presión internacional, desinformación mediática y movilización social coordinada desde plataformas supuestamente «independientes».
El caso boliviano se convierte así en un nuevo punto de tensión regional, donde se cruzan intereses políticos, ideológicos y económicos, y donde las elecciones del 17 de agosto podrían marcar un antes y un después en la relación entre el país sudamericano y los centros de poder global.