Las gobernaciones mantienen su propuesta de redistribución tributaria desde 2027 y llegarán a Sucre con un proyecto común, mientras el Ejecutivo ratifica que no modificará el esquema vigente.
El Gobierno nacional respondió con un rechazo a la propuesta de los gobernadores para iniciar una redistribución gradual de la coparticipación tributaria bajo el modelo 50/50. La administración del presidente Rodrigo Paz dejó establecido que no considera viable avanzar en una redistribución de recursos limitada al ámbito fiscal y sostuvo que cualquier modificación deberá formar parte de una transformación integral de la estructura estatal. La posición oficial surge días antes de la reunión prevista para el 5 de agosto en Sucre, donde ambas partes intentarán acercar posiciones sobre el futuro de las autonomías.
La respuesta fue emitida por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, luego del encuentro que reunió en El Alto a siete gobernadores, quienes consensuaron una agenda común para fortalecer las autonomías departamentales y enfrentar la reducción de ingresos que, según afirman, afecta el funcionamiento de sus administraciones.
Durante esa reunión, las autoridades departamentales acordaron impulsar un proyecto de ley para que la redistribución de la coparticipación comience en 2027 con el Impuesto a las Transacciones (IT) y se amplíe gradualmente hasta 2031 mediante la incorporación de otros tributos.
Sin embargo, el Ejecutivo marcó distancia de esa propuesta.
«Escucharemos todas las sugerencias en todos los ámbitos, pero queremos animar a que estas no se planteen en términos estrictamente de distribución fiscal, sino que se piensen de manera estructural», afirmó Gálvez.
Con esa declaración, el Gobierno dejó en claro que la discusión no se limitará a modificar porcentajes de distribución tributaria, sino que pretende incorporar un análisis más amplio sobre el funcionamiento del Estado y del régimen autonómico.
Los gobernadores también solicitaron que determinadas instituciones nacionales pasen a la administración departamental. Entre ellas figuran el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), encargado del control de la comercialización minera; el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), responsable de la prospección y exploración de recursos minerales; además de algunos servicios de salud.
Esa solicitud tampoco fue aceptada por el Ejecutivo.
«No tiene mucho sentido transferir instituciones que han fracasado, que son corruptas o que tienen acusaciones de ese orden; más bien, la aplicación de las políticas del 50/50 debe darnos un nuevo orden de Estado», manifestó el vocero presidencial.
Pese al rechazo, el Gobierno aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo con las gobernaciones y reconoció que las administraciones subnacionales atraviesan una situación económica compleja.
«No implica dejar de atender las necesidades inmediatas. Somos totalmente conscientes de que las gobernaciones, las alcaldías y las entidades autónomas regionales están pasando por diversas necesidades económicas debido a esta crisis, y las trataremos en ese marco», señaló Gálvez.
Del lado de las gobernaciones, el mensaje fue de unidad. El gobernador de La Paz, Luis Revilla, informó que existe un acuerdo entre los departamentos para impulsar el modelo 50/50 de manera progresiva.
«Estamos todos de acuerdo en que la discusión del 50/50 tiene que pasar por una redistribución de la coparticipación de al menos un impuesto de manera gradual a partir de la gestión 2027», sostuvo.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, explicó que la propuesta fue diseñada para desarrollarse en varias etapas, con el objetivo de facilitar una transición ordenada hacia un nuevo sistema de distribución tributaria.
Además de la redistribución de recursos, las gobernaciones acordaron promover la derogación de leyes y decretos aprobados desde 2006 que, según consideran, incrementaron obligaciones para los departamentos sin otorgar el financiamiento necesario para cumplirlas.
Ese paquete también será presentado durante el encuentro convocado por el presidente Rodrigo Paz en Sucre.
El gobernador del Beni, Jesús Egüez, señaló que la reunión realizada en El Alto permitió identificar problemas comunes entre las regiones y consolidar una propuesta unificada para enfrentar la crisis financiera que afecta a las administraciones departamentales.
Indicó que la prioridad es iniciar mesas técnicas con el Gobierno antes del encuentro presidencial para desarrollar propuestas que puedan convertirse en acuerdos durante la reunión de agosto.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, sostuvo que el proceso autonómico requiere una revisión profunda porque, a su juicio, los departamentos continúan enfrentando las mismas limitaciones que existían al inicio de ese modelo.
«Son 20 años que poco se ha avanzado», afirmó.
La autoridad añadió que las gobernaciones necesitan mayor capacidad para administrar recursos propios y afrontar competencias que actualmente generan una presión permanente sobre sus presupuestos.
Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllon, expresó que el encuentro previsto para el 5 de agosto debe traducirse en decisiones concretas y no solamente en una nueva etapa de conversaciones.
«No podemos seguir esperando», manifestó.
Ayllon recordó que el propio presidente Rodrigo Paz habló anteriormente de la necesidad de superar el denominado «Estado tranca» y sostuvo que ahora corresponde avanzar con medidas que permitan modificar la relación entre el nivel central y las regiones.
El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, afirmó que la concentración de recursos en el nivel central ha contribuido durante años a profundizar las diferencias entre departamentos y defendió una descentralización que incluya tanto recursos económicos como instituciones públicas.
Como parte de los acuerdos alcanzados en El Alto, los gobernadores resolvieron conformar una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales con el propósito de coordinar políticas comunes y fortalecer la representación regional en las negociaciones con el Ejecutivo.
Asimismo, decidieron solicitar la instalación inmediata de mesas técnicas para revisar la redistribución tributaria, las competencias departamentales y la modificación de normas que, según sostienen, limitan el desarrollo de las autonomías.
Con las posiciones ya definidas, el encuentro del 5 de agosto en Sucre se perfila como el primer espacio formal donde el Gobierno y las gobernaciones intentarán construir coincidencias sobre el modelo autonómico. Mientras el Ejecutivo mantiene su decisión de no avanzar con el 50/50 en los términos propuestos por las regiones, los departamentos llegarán con una propuesta consensuada que busca iniciar la redistribución de recursos desde 2027, ampliar gradualmente la coparticipación tributaria hasta 2031 y redefinir la relación entre el nivel central y las administraciones departamentales.
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