En medio de la cuenta regresiva para los comicios, se presentan recursos legales que cuestionan la legalidad de candidaturas clave.
Las elecciones generales en Bolivia podrían verse nuevamente afectadas por conflictos judiciales que amenazan con alterar el curso de la contienda. Dos acciones interpuestas recientemente ante la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz apuntan a inhabilitar a postulantes por presunta transgresión a la normativa constitucional.
El 23 de junio, el abogado Carlos Villarroel presentó una acción contra cinco candidatos presidenciales —Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira— por no haber renunciado a sus cargos previos al proceso electoral. Villarroel argumenta que esta omisión viola el artículo 238 de la Constitución, que establece las causales de inelegibilidad para autoridades que buscan nuevas funciones.
Al día siguiente, el diputado Henry Farrel Gutiérrez presentó otra acción legal, esta vez exigiendo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proceda a la inhabilitación de tres legisladoras del MAS que buscan su reelección sin haber dejado su curul. La demanda se dirige directamente al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, a quien acusa de omitir sus funciones de control.
Farrel sostiene que las diputadas María José Rodríguez Gálvez, Lidia Tupa Zelaya y Miriam Martínez Michaga debieron ser retiradas de las listas hace semanas, y califica como “grave negligencia” la permisividad del ente electoral.
El TSE respondió con firmeza, advirtiendo que estas acciones judiciales atentan contra el principio de preclusión, que impide reabrir plazos y condiciones una vez cerradas las etapas del proceso. Además, recordó la vigencia de la sentencia constitucional 0032/2019, la cual interpreta que la renuncia no es obligatoria para quienes buscan la reelección en cargos electivos.