Ministro de Gobierno revela secuestros, agresiones y sabotajes; advierten que no es una protesta social, sino una campaña política encubierta
La escalada del conflicto generado por los bloqueos en Bolivia ha sido calificada por el Gobierno como una acción de violencia organizada impulsada por sectores afines al expresidente Evo Morales. A una semana del inicio de las movilizaciones, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ofreció un balance alarmante: 38 policías heridos, ambulancias atacadas, personal de salud agredido y hasta efectivos militares secuestrados.
“Esto ya no es una simple protesta. Estamos enfrentando una estructura que planifica acciones violentas para desestabilizar al país. Hay una maquinaria que está detrás de esto, con fines claramente políticos”, declaró la autoridad la noche del domingo.
Las declaraciones de Ríos fueron respaldadas por imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa a manifestantes en zonas del occidente del país agrupándose para reorganizar los bloqueos, incluso después de los operativos policiales realizados durante el fin de semana. En uno de los videos más comentados, un grupo amenaza con enfrentarse a la Policía si intenta retomar el control de las carreteras. “Si nos vienen a enfrentar, también vamos a responder. Esto no se va a detener”, advierte un vocero de los movilizados.
Según el reporte oficial, los puntos más conflictivos se concentran en Cochabamba, Potosí, Oruro y Santa Cruz, con bloqueos que interrumpen el tránsito de mercancías, alimentos, combustibles y hasta ambulancias. En Challapata, Oruro, se denunciaron ataques a comercios y atracos en medio del caos generado por las protestas.
En este contexto, el Gobierno desplegó operaciones conjuntas entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para despejar las vías más críticas. Las acciones permitieron liberar tramos en La Paz, Oruro y Potosí. Sin embargo, otras regiones continúan bajo fuerte presión.
Ríos señaló que el movimiento busca instalar una narrativa de colapso nacional que no responde a la realidad. “En gran parte del país hay normalidad. Es falso que Bolivia esté paralizada. Lo que están buscando es generar miedo y caos para forzar una agenda electoral que no tiene sustento legal ni político”, afirmó.
El trasfondo, según el Ejecutivo, es el intento de Morales de habilitarse como candidato presidencial, a pesar de que el plazo de inscripción venció sin que su nombre haya sido registrado. A ello se suma la ausencia de personería jurídica en su organización política y dos fallos constitucionales que le prohíben volver a postular.
Hasta la fecha, se han detenido a 80 personas vinculadas a hechos violentos y se busca a los responsables de los saqueos en Challapata. Las terminales de buses en cinco departamentos continúan cerradas como medida de seguridad.
El Ejecutivo sostiene que seguirá operando para restablecer el orden. No obstante, el conflicto persiste, marcado por una creciente tensión entre sectores movilizados y fuerzas del orden.
