Sectores sindicales denunciaron que las órdenes de aprehensión buscan sembrar miedo entre quienes protestan contra la crisis económica y cuestionan las decisiones asumidas desde el poder político.
Las órdenes de aprehensión emitidas contra dirigentes sindicales y legisladores críticos al Gobierno profundizaron la confrontación política y social en Bolivia. Organizaciones obreras, sectores movilizados y representantes populares denunciaron que las acciones judiciales forman parte de una estrategia de persecución destinada a frenar las protestas que se multiplican en distintas regiones del país.
El senador Nilton Condori confirmó públicamente que pesa sobre él una instrucción de captura con acción directa. Según explicó, la medida surgió después de sus denuncias dentro de la Asamblea Legislativa y de sus cuestionamientos sobre salarios, beneficios y promesas incumplidas de las autoridades nacionales.
“En cualquier lugar me van a aprehender”, manifestó el legislador, quien aseguró que no abandonará sus posiciones pese a las amenazas. Condori sostuvo que el Gobierno intenta convertir en delito las críticas y las demandas sociales planteadas desde sectores populares.
El senador afirmó además que no es el único afectado por las acciones judiciales. Entre los dirigentes señalados también aparece Mario Argollo, vinculado a las movilizaciones y bloqueos impulsados por organizaciones sindicales y trabajadores que reclaman respuestas frente al deterioro económico.
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción en sectores obreros y sindicales. El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, acusó al Gobierno de utilizar la justicia como herramienta de presión política y advirtió que las detenciones podrían agravar todavía más la conflictividad social.
“Con cárcel no van a solucionar nada”, afirmó Solares, quien cuestionó que las autoridades respondan con procesos judiciales a las demandas de sectores movilizados. También señaló que las órdenes de aprehensión muestran que el Ejecutivo perdió capacidad de diálogo y optó por endurecer su respuesta frente a las protestas.
El exdirigente sostuvo que las medidas represivas no frenarán el malestar acumulado en amplios sectores de la población. Según indicó, las movilizaciones continúan creciendo debido al incremento del costo de vida, la escasez de productos y el rechazo ciudadano a las decisiones gubernamentales.
Solares advirtió además que un posible estado de excepción o estado de sitio podría empeorar el escenario político. A su juicio, cualquier intento de controlar las protestas mediante la fuerza solo aumentará la indignación en las calles y fortalecerá las movilizaciones.
En distintos sectores sociales comenzó a instalarse la percepción de que existe una persecución dirigida contra dirigentes sindicales, parlamentarios y voces críticas que denuncian la situación económica y cuestionan al Ejecutivo. Organizaciones populares consideran que las investigaciones y amenazas de captura buscan intimidar a quienes mantienen bloqueos y protestas en defensa de sus demandas.
GOBIERNO CERCA A DIRIGENTES Y DIPUTADOS MIENTRAS CRECE LA REBELIÓN SOCIAL
