Docentes urbanos y rurales sostienen que el Decreto Supremo 5621 modifica lo firmado con el Ministerio de Educación sobre el Bono Gestión de Aula 2026 y afirman que el contenido no refleja el acuerdo alcanzado en negociación.
El magisterio urbano y rural de Bolivia mantuvo su rechazo al Decreto Supremo 5621 que establece el Bono Gestión de Aula 2026, al considerar que su contenido no respeta el acuerdo firmado con el Ministerio de Educación. Las organizaciones docentes afirman que el documento oficial introduce modificaciones respecto a lo pactado en las mesas de negociación.
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia señaló que el decreto altera el esquema de financiamiento del bono de 2.400 bolivianos por maestro. Según el sector, el acuerdo inicial establecía que el beneficio debía ser garantizado por el nivel central del Estado de manera estable, sin transferencias progresivas de responsabilidad a otras instancias.
El Decreto Supremo 5621 dispone que el pago del bono será cubierto por el Tesoro General de la Nación durante la gestión 2026, pero establece que a partir de 2027 el financiamiento deberá ser incorporado en los presupuestos de las direcciones departamentales de educación. Para el magisterio, esta disposición modifica el acuerdo firmado, al trasladar la carga financiera hacia las gobernaciones sin un mecanismo claro de compensación estatal.
Dirigentes sindicales afirmaron que la revisión del documento permitió identificar diferencias entre lo acordado en las reuniones previas y lo finalmente aprobado por el Órgano Ejecutivo. Indicaron que estas modificaciones no fueron comunicadas ni consensuadas con las bases del magisterio, lo que derivó en el rechazo del sector educativo.
Durante concentraciones realizadas en la ciudad de El Alto, los maestros expresaron su rechazo al decreto y señalaron que el texto normativo no refleja el contenido del acuerdo firmado con el Ministerio de Educación. Las movilizaciones incluyeron pronunciamientos en los que se exigió la revisión inmediata de la norma y el respeto a lo pactado.
El sector docente también observó que varias gobernaciones enfrentan restricciones presupuestarias que podrían dificultar la aplicación del bono a partir de 2027. Según los representantes del magisterio, este aspecto no fue considerado en la estructura del decreto, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del beneficio económico.
Las organizaciones del magisterio urbano y rural reiteraron su rechazo al Decreto Supremo 5621 y exigieron su modificación, además de la restitución del esquema de financiamiento acordado inicialmente con el nivel central del Estado. Señalaron que cualquier política relacionada con beneficios salariales debe respetar los compromisos firmados y garantizar condiciones claras de aplicación.
MAGISTERIO MANTIENE RECHAZO AL DECRETO 5621 Y EXIGE RESPETO A ACUERDO
