El tratamiento legislativo del Proyecto de Ley 338 introduce cambios en la inamovilidad laboral pública, fijando nuevos criterios de acceso y generando dudas sobre su aplicación en casos de salud compleja.
El Proyecto de Ley N° 338/2025-2026 avanza en su proceso de revisión en la Asamblea Legislativa con una propuesta que redefine el alcance de la inamovilidad laboral en el sector público. El texto incorpora ajustes en los requisitos para acceder al beneficio, con énfasis en la certificación de discapacidad y en la regulación del uso del derecho cuando existe dependencia de terceros.
De acuerdo con el documento oficial, la norma tiene como finalidad “establecer medidas estrictas de control, fiscalización y sanción respecto del ejercicio del derecho a la inamovilidad laboral de las servidoras y servidores públicos que aleguen dependencia y cuidado de una persona con discapacidad”. También se incluye como argumento la necesidad de “erradicar el abuso de derecho, la duplicidad de beneficios y el fraude a la administración pública”.
El Artículo 5 del proyecto introduce un parámetro específico para el acceso a la inamovilidad laboral. El texto dispone que “para que el servidor o servidora público/a con discapacidad o el familiar responsable (de primer grado o tutor judicial) acceda al beneficio de inamovilidad laboral, deberá demostrar mediante el Carnet de Discapacidad oficial y vigente que la limitación y discapacidad calificada es superior al cincuenta por ciento (50%) de compromiso funcional”. Esta condición establece un criterio único basado en la certificación formal emitida por instancias competentes.
El proyecto también regula la posibilidad de acceso simultáneo al beneficio dentro de una misma familia. El Artículo 7 señala que “bajo ningún motivo más de un servidor público o trabajador podrá beneficiarse de la inamovilidad laboral o trato preferente invocando el cuidado de la misma persona con discapacidad”. Con ello, se limita la extensión del derecho cuando existen múltiples trabajadores vinculados a una misma situación de dependencia.
Otro eje relevante del proyecto es la delimitación del universo de protección. La norma centra el acceso al beneficio en casos con certificación de discapacidad vigente, lo que deja fuera otras condiciones que no estén reconocidas dentro de ese sistema de calificación oficial. Esta precisión normativa redefine el alcance de la inamovilidad dentro del sector público.
En la redacción del proyecto no se incorporan disposiciones específicas para enfermedades graves, crónicas o terminales que no cuenten con un carnet de discapacidad superior al 50%. Esta omisión genera un espacio normativo en la cobertura de trabajadores que atraviesan tratamientos médicos prolongados o situaciones de salud complejas sin clasificación administrativa de discapacidad.
El alcance de la propuesta también incide en casos de servidores públicos que tienen responsabilidades de cuidado sobre familiares con diagnósticos severos, pero que no cumplen con los requisitos establecidos en la norma. En esos casos, el acceso a la inamovilidad laboral quedaría sujeto exclusivamente a la certificación oficial correspondiente.
El Proyecto de Ley N° 338/2025-2026 permanece en etapa de análisis en comisión legislativa. Su contenido será evaluado antes de su eventual consideración en el pleno de la Asamblea Legislativa, donde podrá ser modificado, ajustado o aprobado como parte del proceso regular de tratamiento normativo.
PROYECTO 338 RECONFIGURA INAMOVILIDAD LABORAL EN SECTOR PÚBLICO
