La marcha anunciada desde Caracollo hasta La Paz busca denunciar el aumento del costo de vida, el endeudamiento externo y las políticas económicas que organizaciones sociales consideran alejadas de la realidad del pueblo.
La marcha convocada por EVO–PUEBLO desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz se convirtió en una nueva señal del creciente malestar social que atraviesa distintos sectores del país. La movilización, definida durante un ampliado encabezado por Evo Morales, reunirá a organizaciones campesinas, sindicales y populares que denuncian un deterioro económico que, según afirman, golpea cada día con más fuerza a las familias bolivianas.
La decisión fue asumida después de varias intervenciones de dirigentes y representantes de sectores sociales que cuestionaron el manejo económico del gobierno de Rodrigo Paz. Entre las principales preocupaciones expuestas estuvieron el incremento del precio de productos básicos, la falta de apoyo a productores nacionales y el temor a posibles privatizaciones de empresas estatales.
La caminata comenzará entre el 12 y el 18 de mayo y tendrá como principal objetivo llevar hasta la sede de Gobierno las demandas de sectores que aseguran sentirse ignorados por las actuales autoridades. En la resolución aprobada por el ampliado, las organizaciones señalaron que la movilización surge como una respuesta frente a políticas que consideran perjudiciales para la economía popular.
“Esta movilización nace en defensa de la economía popular y de la Constitución Política del Estado”, sostuvo uno de los dirigentes encargados de dar lectura al documento final aprobado por el encuentro.
Los asistentes coincidieron en que la situación económica se agravó en los últimos meses. Productores y comerciantes denunciaron que los costos de producción continúan subiendo mientras sus ingresos disminuyen. También señalaron que la importación de productos extranjeros está desplazando la producción nacional y dejando sin mercado a pequeños productores.
Uno de los puntos más cuestionados durante el ampliado fue el endeudamiento externo. Las organizaciones sostienen que el Gobierno recurre nuevamente a créditos internacionales sin resolver problemas estructurales que afectan al país. Para los dirigentes, esa política termina trasladando la carga económica a la población mientras no existen soluciones concretas para quienes trabajan en el campo o viven del comercio diario.
El documento aprobado por EVO–PUEBLO también rechaza cualquier proceso de privatización de empresas públicas. Los sectores movilizados consideran que entregar áreas estratégicas al sector privado pondría en riesgo fuentes laborales y debilitaría la presencia del Estado en sectores fundamentales de la economía nacional.
A ello se sumó el reclamo por créditos blandos y alivio tributario para productores afectados por la crisis. Los representantes sociales afirmaron que miles de familias enfrentan dificultades para sostener sus actividades económicas y denunciaron que muchas comunidades rurales atraviesan momentos complicados por la falta de apoyo estatal.
El ampliado además expresó respaldo a Evo Morales y denunció una supuesta persecución política contra el exmandatario y las organizaciones que integran EVO–PUEBLO. Los asistentes aseguraron que existe una intención de apartar políticamente a sectores populares que mantienen influencia en distintas regiones del país.
La resolución también incluyó críticas a la intervención policial registrada en Caranavi. Las organizaciones exigieron investigaciones y denunciaron excesos durante los operativos desarrollados en esa región.
Mientras desde el Gobierno se insiste en que las movilizaciones responden a intereses políticos, las organizaciones sociales aseguran que la marcha representa el cansancio acumulado de sectores que observan cómo la crisis económica avanza sin respuestas claras para la población trabajadora.