La propuesta de Rodrigo Paz para reformar parcialmente la Constitución desató cuestionamientos de sectores sociales que temen pérdida de control estatal sobre minería, hidrocarburos y programas sostenidos con recursos públicosa
La decisión del presidente Rodrigo Paz de abrir el debate para modificar parcialmente la Constitución Política del Estado encontró una fuerte resistencia en organizaciones sociales y sectores populares que consideran que la actual Carta Magna protege derechos conquistados tras años de movilización social.
El anuncio fue realizado durante el Encuentro Nacional desarrollado en Cochabamba, donde el mandatario confirmó la creación de una comisión abierta para trabajar reformas constitucionales y presentar nuevas leyes vinculadas a inversiones, minería, electricidad, autonomías y administración pública.
Según explicó Paz, el objetivo de las medidas es otorgar mayores competencias a gobernaciones y alcaldías para que puedan ejecutar proyectos y gestionar recursos sin depender de autorizaciones centralizadas. “Cada gobernador y alcalde debe tener autonomía para impulsar proyectos locales”, afirmó durante su intervención.
El Gobierno también planteó una nueva Ley de Electricidad, una Ley de Inversiones, reformas en minería y normas destinadas a facilitar trámites digitales y acelerar procesos administrativos. Desde el Ejecutivo se sostiene que las medidas buscan atraer capitales y generar mayor dinamismo económico en las regiones.
No obstante, las reacciones desde sectores afines al expresidente Evo Morales fueron inmediatas. Morales aseguró que modificar la Constitución representa un riesgo para el control estatal sobre los recursos naturales y para los programas sociales construidos durante su gestión.
“Esa Constitución, la única Constitución aprobada con el voto del pueblo en 200 años, tiene que ser respetada”, manifestó el exmandatario en un ampliado de “Evo Pueblo”, donde pidió a sus seguidores mantenerse alertas frente a cualquier intento de alterar el contenido de la Carta Magna.
Morales recordó que la Constitución vigente fue aprobada mediante referéndum y señaló que varios de sus artículos impiden que empresas transnacionales controlen sectores estratégicos. “Por Constitución las transnacionales no pueden estar en la parte extractiva de los recursos naturales”, afirmó.
Las observaciones apuntan principalmente a las futuras leyes relacionadas con inversiones y minería. Organizaciones sociales consideran que flexibilizar las normas podría favorecer intereses privados en áreas que actualmente se encuentran bajo administración estatal o con fuerte regulación pública.
El exmandatario sostuvo además que los bonos sociales, programas de redistribución y políticas económicas implementadas durante su gobierno tienen respaldo constitucional. En su criterio, cualquier modificación podría abrir espacio a cambios económicos que afecten directamente a sectores populares.
Mientras el Ejecutivo insiste en un modelo con mayor autonomía regional y menos burocracia, dirigentes sociales recuerdan experiencias pasadas de privatización ocurridas antes de la aprobación de la actual Constitución. Por esa razón, existe preocupación en organizaciones campesinas y sectores sindicales sobre posibles cambios en la administración de recursos estratégicos.
Durante su discurso, Paz negó que exista una intención de eliminar el Estado Plurinacional o debilitar derechos ciudadanos. Señaló que la propuesta busca “normas y reglas claras” para impulsar el desarrollo regional y facilitar inversiones.