Una jornada sangrienta dejó tres policías y un comunario fallecido en Llallagua y Cochabamba; los enfrentamientos se extienden mientras el país clama por paz
Bolivia vivió este miércoles una de las jornadas más trágicas desde que estalló el conflicto social y político que mantiene bloqueadas rutas estratégicas del país. El saldo fue devastador: cuatro personas perdieron la vida y más de 60 resultaron heridas en distintos puntos donde se desarrollaban operativos de desbloqueo, en medio de enfrentamientos violentos, emboscadas y ataques armados.
Las víctimas mortales incluyen a tres efectivos policiales en una emboscada en Llallagua, norte del departamento de Potosí, y a un comunario que perdió la vida tras un choque con fuerzas del orden en proximidades a la localidad de Tacopaya, Cochabamba. El impacto de estas muertes ha generado consternación en la población y ha elevado el tono de las tensiones políticas.
En Llallagua, donde se había desplegado un contingente policial para despejar los bloqueos que asfixiaban la zona urbana, el operativo derivó en una emboscada considerada “planificada y ejecutada con armas de fuego y explosivos”, según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
El primero en perder la vida fue el subteniente Brayan Barrozo Rodríguez, alcanzado por un disparo durante la intervención. Luego se confirmó el fallecimiento del subteniente Carlos Apata Tola, también víctima de un ataque armado. Ya en horas de la noche, la Policía informó la muerte del sargento Jesús Mamani Morales, miembro del cuerpo de Bomberos, quien fue emboscado en un segundo punto.
Las imágenes difundidas desde Llallagua mostraron un bus calcinado, policías heridos siendo evacuados por sus compañeros y una población conmocionada por la violencia desatada. “Fue una ofensiva bien organizada, no una reacción espontánea. Se utilizaron francotiradores desde las alturas”, denunció Aguilera.
Cientos de kilómetros al norte, en Tacopaya, departamento de Cochabamba, se registró otro hecho de sangre. Durante un operativo de desbloqueo en el kilómetro 101 de la carretera hacia Oruro, un comunario identificado como Cornelio Franco murió tras ser alcanzado por un proyectil. La comunidad acusa a la Policía de haber hecho un uso desproporcionado de la fuerza, mientras el Gobierno sostiene que los enfrentamientos fueron provocados por grupos radicalizados que impidieron el avance pacífico de los uniformados.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó que las acciones de desbloqueo fueron ejecutadas dentro del marco legal, pero reconoció que existen “sectores violentos que buscan el enfrentamiento directo”. Pidió a las organizaciones sociales cesar las medidas de presión y retornar al diálogo.
A lo largo del país, la violencia no dio tregua. En la zona de Pirque, también en Cochabamba, dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) fueron heridos con explosivos caseros lanzados desde cerros cercanos al punto de bloqueo. Uno de ellos fue trasladado en estado grave con quemaduras y fracturas.
En el valle bajo cochabambino, especialmente en el municipio de Vinto, vecinos y transportistas intentaron colaborar con las fuerzas de seguridad para despejar caminos, pero fueron atacados por sectores afines al expresidente Evo Morales. Se reportaron enfrentamientos cuerpo a cuerpo, heridos y algunos detenidos.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, cifró en más de 60 los heridos en todo el país durante la jornada, incluyendo tanto efectivos policiales como civiles. Algunos presentan lesiones por impacto de bala, otros quemaduras y heridas de consideración causadas por objetos contundentes y explosivos. La situación hospitalaria se ha vuelto crítica en algunas regiones, donde los centros de salud están desbordados.
El presidente Luis Arce lamentó las muertes y aseguró que el Gobierno no permitirá que la violencia política cobre más vidas. “Vamos a dar con los responsables. No se puede tolerar que intereses oscuros pongan en riesgo la vida de los bolivianos”, expresó.
En contraste, el exmandatario Evo Morales se desmarcó de los hechos y sostuvo que “el pueblo se moviliza por convicción”, mientras acusaba al Gobierno de militarizar el conflicto. Estas declaraciones fueron duramente criticadas por el oficialismo, que lo responsabiliza por incitar al caos y encubrir a los actores violentos.
