El cuestionamiento de Edmand Lara a las decisiones de Rodrigo Paz abre un nuevo foco de crisis interna, exponiendo vínculos, denuncias penales y maniobras que comprometen la estructura del gobierno.
La tormenta política en torno al gobierno de Rodrigo Paz aumentó de intensidad tras el retorno del vicepresidente Edmand Lara de Brasil. Apenas arribó, lanzó una advertencia frontal: el presidente estaría construyendo su entorno inmediato con figuras marcadas por acusaciones penales severas. Señaló que no solo se trata de funcionarios con antecedentes por corrupción, sino que existe al menos otro ministro con procesos por violencia familiar cuya identidad revelará públicamente en las próximas horas.
Estas afirmaciones surgieron después de que se conociera que Jorge García Pinto, sobre quien recaen múltiples denuncias judiciales, debía asumir la conducción del Ministerio de Justicia. La destitución de Freddy Vidovic, seguida por la imposibilidad de posesionar a García Pinto, llevó a Paz a anunciar el cierre total del Ministerio de Justicia. Sin embargo, dicho anuncio se convirtió en un nuevo punto de conflicto entre el mandatario y su vicepresidente.
Lara sostuvo que el presidente ha percibido sus críticas como una enemistad fabricada. Aseguró que siempre intentó actuar como un consejero leal. Según su lectura, la elección de rodearse de operadores con prontuarios oscuros es una decisión peligrosa que deteriora la institucionalidad del país. Además, remarcó que la cercanía personal y profesional de Paz con García Pinto —quien sería su abogado particular— agrava la sospecha sobre las motivaciones reales detrás de las designaciones recientes.
Mientras tanto, García Pinto afirmó que las declaraciones del vicepresidente vulneran su derecho a la presunción de inocencia. Aseguró que las referencias públicas a sus procesos judiciales perjudican su vida profesional y afectan directamente a su familia. Esta declaración se produjo el mismo día en que el presidente Paz ratificó que el Ministerio de Justicia sería cerrado, pese a que la medida no fue formalizada jurídicamente.
Lejos de minimizar la confrontación, Lara replicó que el anuncio presidencial no pasó de ser un gesto mediático. “El ministerio sigue existiendo, no hay cierre alguno, y García Pinto continúa siendo el ministro por designación del presidente”, insistió. Añadió que nunca lo difamó, sino que únicamente mencionó la existencia de procesos judiciales verificables en su contra: violación, violencia familiar, coacción, incumplimiento de deberes y avasallamiento, entre otros. Señaló que cualquier ciudadano puede acceder a esa información en el Palacio de Justicia.
El vicepresidente detalló incluso los juzgados donde se encuentran radicados los casos, enfatizando que la información es pública y no constituye abuso de poder. Frente a la amenaza del propio García Pinto de iniciar un proceso penal en su contra, Lara respondió que tal acción no lo inquieta y que, de hecho, está en posesión de la acusación formal emitida por la Fiscalía.
Sostuvo que en abril de 2025, el Ministerio Público concluyó la investigación contra García Pinto y emitió un requerimiento conclusivo de acusación formal ante un juzgado de Coroico. Para respaldar su afirmación, mencionó que cuenta con el número de caso, el fiscal asignado y el documento completo en formato PDF. “Todo está verificado”, afirmó.
El caso que involucra a García Pinto, según explicó Lara, está vinculado a un presunto esquema de estafa contra varios ciudadanos. La denuncia señala que el abogado habría cobrado importantes sumas de dinero bajo la promesa de interceder con jueces y fiscales para cerrar procesos judiciales. Los montos oscilaban entre 35 mil y más de 100 mil bolivianos. “No era un hecho aislado —dijo—. Era un método.”
El vicepresidente afirmó tener comunicación directa con autoridades judiciales y policiales de Coroico, quienes confirmaron las características del caso. Indicó además que el denunciante, Santos Daniel Calizaya, presentó pruebas sólidas: declaraciones testificales, recibos de pago, informes y documentación oficial que respaldan la acusación.
Según Lara, el aspecto más preocupante no es solo la existencia de estos procesos, sino la disposición del presidente Paz para mantener a su lado a figuras con acusaciones tan graves, incluso cuando estas personas lo acompañan en actos públicos y se presentan como parte de su círculo cercano. Para él, esto revela una crisis profunda en la conducción del Estado.
El vicepresidente cuestionó que, en lugar de explicar con claridad al país la situación legal de sus procesos, García Pinto haya optado por amenazar con acciones penales y mostrarse junto al presidente en conferencias y actos oficiales. Ese gesto —según Lara— refuerza la imagen de un gobierno que elude rendir cuentas sobre la integridad de quienes ocupan cargos sensibles.
La polémica sobre el cierre del Ministerio de Justicia continúa en un terreno ambiguo. No existen decretos ni resoluciones publicados que confirmen la supresión efectiva de la cartera. Sin embargo, el presidente insiste en su palabra, mientras el vicepresidente rebate que tal cierre no ocurrió ni se ha iniciado formalmente. En medio de esta confrontación, la institucionalidad sufre una erosión perceptible.
El conflicto se amplifica por la sucesión de contradicciones dentro del propio Ejecutivo. Mientras Paz insiste en sostener a operadores cuestionados, Lara expone públicamente los antecedentes judiciales y las presuntas estafas, revelando una grieta interna que ya no puede ser disimulada. La pugna se agrava con las advertencias del vicepresidente, quien anunció nuevas denuncias contra otro ministro con un historial de violencia familiar.
En este escenario, la población se ve atrapada en un clima de incertidumbre permanente, donde las decisiones gubernamentales aparecen condicionadas por alianzas opacas y donde los anuncios presidenciales dejan más preguntas que respuestas. La presencia de figuras controvertidas en puestos clave alimenta la percepción de un Ejecutivo debilitado, falto de claridad y rodeado de operadores cuyos antecedentes comprometen la confianza pública.
Mientras la confrontación escala sin señales de contención, el vicepresidente sostiene que continuará revelando irregularidades. En su criterio, la gravedad del entorno político exige exponer las redes de influencia que están penetrando la administración pública. Señala que el país debe conocer con precisión quiénes toman decisiones en el círculo más íntimo del presidente y bajo qué intereses operan.