El ampliado obrero acordó dialogar solo en El Alto, sostener movilizaciones vigentes y exigir anulación de decretos cuestionados, además de reclamar la renuncia del ministro de Trabajo por comunicados oficiales
La Central Obrera Boliviana (COB) resolvió este sábado, en su ampliado nacional de emergencia realizado en La Paz, tres determinaciones centrales para encarar el proceso de diálogo con el Gobierno. Las decisiones fueron comunicadas públicamente por su secretario ejecutivo, Mario Argollo, acompañado de la dirigencia nacional en una conferencia desarrollada en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).
La primera resolución establece que cualquier conversación con autoridades del Ejecutivo deberá llevarse a cabo exclusivamente en la ciudad de El Alto. La dirigencia explicó que esta definición responde a experiencias anteriores en las que los encuentros realizados en la Casa Grande del Pueblo terminaron sin acuerdos, lo que derivó en el retiro de los representantes sindicales.
La segunda decisión ratifica la continuidad de las medidas de presión a nivel nacional, entre ellas los bloqueos de carreteras impulsados por sectores afiliados a la COB. Según Argollo, estas acciones se mantendrán mientras no exista una respuesta concreta del Gobierno a las demandas planteadas por la organización matriz de los trabajadores.
El tercer punto aprobado por el ampliado es la exigencia de abrogación de los decretos supremos 5503, 5509 y 5515. La dirigencia sostiene que estas normas vulneran derechos laborales y económicos, además de beneficiar a empresas transnacionales. Argollo afirmó que los efectos de estas disposiciones repercuten directamente en la economía de las familias trabajadoras, en un contexto marcado por el incremento del costo de vida.
El dirigente informó que el diálogo fue convocado para este domingo en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, ubicada en El Alto. Señaló que el lugar cuenta con todas las garantías de seguridad para las autoridades gubernamentales que decidan asistir al encuentro.
Pese a la firme postura respecto a la anulación de los decretos, la COB expresó apertura para consensuar un nuevo decreto específico que permita eliminar la subvención a los denominados “burladores”, sin afectar los bonos sociales ni las políticas de protección vigentes.
Durante el ampliado también se aprobó exigir la renuncia inmediata del ministro de Trabajo, Édgar Morales. La COB lo acusa de emitir comunicados oficiales que, según su versión, promueven el despido de trabajadores movilizados, generando incertidumbre laboral.