El Órgano Electoral gestionará bienes, servicios y arrendamientos de manera directa, con registro obligatorio en Sicoes y supervisión de la Contraloría, sin intermediarios ni trámites habituales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió autorización legal para llevar a cabo contrataciones directas de bienes, servicios e infraestructura necesarios para las Elecciones Subnacionales 2026, programadas para el 22 de marzo. La Ley 1700, de carácter excepcional y transitorio, permite al Órgano Electoral Plurinacional operar con independencia total, eliminando los procesos administrativos que normalmente ralentizan la organización de los comicios.
Conforme a la normativa, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del TSE asumirá plena responsabilidad sobre todas las contrataciones, desde su inicio hasta su conclusión. Este mecanismo garantiza que cada adquisición de materiales, servicios y logística electoral esté bajo control absoluto del tribunal, evitando dilaciones y centralizando la ejecución de los recursos.
El uso de medios electrónicos competitivos habilitados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) estará permitido, y todas las operaciones superiores a Bs 20.000 deberán registrarse obligatoriamente en la plataforma. Incluso aquellas contrataciones efectuadas por medios electrónicos competitivos contarán con trazabilidad formal, asegurando un seguimiento del gasto público, pero bajo la gestión directa y exclusiva del TSE.
Entre los contratos que podrán realizarse directamente se incluyen arrendamientos de vehículos automotores e inmuebles destinados a la organización electoral. El TSE queda exento de tramitar certificaciones previas ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), lo que agiliza la disponibilidad de recursos críticos en todas las regiones donde se desarrollarán los comicios.
Una vez ejecutadas las contrataciones, el tribunal deberá remitir la información correspondiente a la Contraloría General del Estado, cumpliendo con las normas de control establecidas, pero manteniendo la autonomía en la administración y ejecución de los contratos.