La nueva norma elimina el cobro de dos tributos para la importación privada de combustibles, mientras el Estado deja de percibir recursos en medio de una compleja situación económica.
La decisión del Gobierno de eliminar impuestos y aranceles para la importación privada de gasolina y diésel comenzó a generar cuestionamientos por el impacto que tendrá sobre los ingresos públicos. El Decreto Supremo 5644 establece que los nuevos importadores accederán a un régimen tributario excepcional, dejando al Estado sin una parte de la recaudación que anteriormente obtenía por esas operaciones.
La norma dispone que el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) tendrá una alícuota de 0,00 bolivianos por litro para las importaciones de gasolina y diésel hasta el 31 de diciembre de 2030. Con esta determinación, quienes ingresen esos combustibles al país dejarán de pagar un tributo que históricamente formó parte del esquema impositivo aplicado al sector.
El decreto también elimina el Gravamen Arancelario (GA) para determinadas gasolinas importadas. La Disposición Final Tercera fija un arancel de 0% hasta el 31 de diciembre de 2026 para las subpartidas arancelarias comprendidas en la norma. Antes de su aprobación, esas importaciones estaban alcanzadas por un gravamen del 10%, ingreso que ahora dejará de percibir el Tesoro.
La medida representa una renuncia tributaria que favorece a los grupos empresariales que ingresarán al negocio de la importación de combustibles. Bajo el nuevo régimen, las empresas podrán internar gasolina y diésel con una carga fiscal considerablemente menor, reduciendo sus costos de operación mediante beneficios otorgados directamente por el Estado.
Bolivia atraviesa dificultades relacionadas con la disponibilidad de divisas, menores ingresos provenientes del sector hidrocarburífero y una creciente presión sobre las finanzas públicas. En ese panorama, los sectores críticos consideran contradictorio que el Gobierno reduzca la capacidad de recaudación del Estado mientras busca recursos para sostener el gasto público.
El contenido del Decreto Supremo 5644 también es interpretado como un cambio en la estrategia de abastecimiento de carburantes. En lugar de fortalecer el papel del Estado en la provisión de gasolina y diésel, la norma crea condiciones tributarias preferenciales para incentivar la participación de operadores privados.
El texto oficial señala expresamente que la alícuota del IEHD será de «0,00 Bs/Lt», mientras que el Gravamen Arancelario se fija en «0%» para las partidas arancelarias especificadas. Ambas medidas reducen de manera directa el costo tributario que deberán asumir quienes importen combustibles bajo el nuevo esquema.
Esta política termina trasladando el esfuerzo fiscal al conjunto del país. Mientras el Estado deja de recaudar recursos por concepto de impuestos y aranceles, los grandes consorcios importadores reciben un tratamiento tributario preferencial que mejora su rentabilidad y facilita su ingreso al mercado boliviano de combustibles.
La crítica sostiene que la administración de esos beneficios se financia con recursos que el Tesoro General del Estado dejará de percibir durante los próximos años, en un momento en que la economía nacional enfrenta crecientes restricciones fiscales y presupuestarias.
