Frente a esta decisión, Teodoro Blanco, dirigente de Conniob, anunció que su organización presentó una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.
En una decisión que ha generado controversia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó este lunes que los pueblos indígenas no podrán postular candidaturas propias en las elecciones generales del 17 de agosto.
La medida afecta directamente a organizaciones como la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarias de Bolivia (Conniob), que ya ha recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar el fallo.
Votación dividida en el TSE
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, reveló que la decisión se tomó con cuatro votos en contra y dos a favor de la solicitud indígena.
Según explicó, la resolución se basa en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, vigente desde 2018, que limita la participación directa de los pueblos originarios únicamente a elecciones subnacionales (municipales y departamentales).
Para las elecciones nacionales, deberán aliarse con partidos políticos ya establecidos.
Tahuichi calificó la norma como «discriminatoria y maldita», señalando que este día quedará marcado como uno en que el TSE negó el derecho a la participación política autónoma de organizaciones como la CIDOB, CONSAQ y CONNIOB.
Indígenas recurren a instancias internacionales
Frente a esta decisión, Teodoro Blanco, dirigente de Conniob, anunció que su organización presentó una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.
El objetivo es presionar al TSE para que permita su inscripción como candidatos independientes en los comicios nacionales.
Esta controversia reaviva el debate sobre la inclusión política de los pueblos originarios en Bolivia, un país donde, pese a reconocerse constitucionalmente su autonomía, persisten limitaciones legales que restringen su participación en cargos de decisión nacional.
Mientras las organizaciones indígenas preparan su defensa en instancias internacionales, el TSE mantiene su postura, argumentando que solo está aplicando la legislación vigente.
Sin embargo, la discusión sobre una posible reforma electoral que garantice mayor representación indígena sigue abierta en el ámbito político y social.