«La Sala Plena ha determinado cumplir con la medida cautelar. Por lo tanto, la recepción de documentación queda sujeta a lo que resuelva la Sala Constitucional de Beni en la audiencia del 21 de mayo»: Fernando Careaga.
En un fallo que marca un antes y después en el proceso electoral, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acató este lunes una medida cautelar emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, suspendiendo temporalmente la inscripción de la Alianza Popular hasta que se resuelva definitivamente su situación legal en una audiencia fijada para el 21 de mayo.
El secretario de Cámara del TSE, Fernando Careaga, confirmó la decisión en conferencia de prensa.
«La Sala Plena ha determinado cumplir con la medida cautelar. Por lo tanto, la recepción de documentación queda sujeta a lo que resuelva la Sala Constitucional de Beni en la audiencia del 21 de mayo», explicó.
Esta resolución deja en limbo jurídico la candidatura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y su compañera de fórmula, Mariana Prado, quienes habían formalizado su postulación horas antes, confiados en que el trámite seguiría su curso normal. Sin embargo, el TSE aclaró que, si la justicia beniana decide anular el registro, este quedará sin efecto.
Una denuncia que cambia el panorama
El recurso que desencadenó esta situación fue presentado por Peter Erlwein Beckhauser, el mismo abogado que logró la anulación de las personerías jurídicas del Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).
La denuncia apunta al Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que respalda a la Alianza Popular, bajo el argumento de que no renovó su directiva conforme a la ley.
Si la Sala Constitucional de Beni falla a favor de Beckhauser, el MTS perdería su legitimidad como sustento legal de la alianza, dejando a Rodríguez y Prado fuera de la carrera electoral.
«Están jugando con fuego»
Ante la incertidumbre, el candidato presidencial reaccionó con firmeza. En declaraciones nocturnas, Rodríguez advirtió que «por esta situación, están jugando con fuego», insinuando posibles movilizaciones si su inscripción es finalmente rechazada.
«Hemos cumplido con todos los requisitos, pero hay intereses que buscan excluirnos. El pueblo no permitirá que se vulneren sus derechos», afirmó.
Sus seguidores ya han comenzado a expresar su malestar en redes sociales, bajo la consigna #TSEJusticiaElectoral, exigiendo que no se repita lo ocurrido con otras fuerzas políticas que quedaron fuera de la contienda por tecnicismos legales.
¿Qué pasará el 21 de mayo?
La audiencia en Beni será decisiva. Si la Sala Constitucional ratifica la medida cautelar, la Alianza Popular no podrá participar en las elecciones del 17 de agosto, lo que alteraría el mapa político y dejaría sin opción a un sector que buscaba competir como alternativa al oficialismo.
Por ahora, el TSE mantiene una postura de estricto apego a lo judicial, dejando claro que no inscribirá definitivamente a ningún binomio hasta que se resuelva el conflicto legal.
«Todo depende de lo que diga la justicia. Si ordenan anular, se anulará», reiteró Careaga.
Reacciones políticas y riesgo de crisis
La oposición ha acusado al gobierno de utilizar recursos legales para eliminar competidores, mientras que sectores oficialistas insisten en que solo se está aplicando la ley.
Analistas advierten que, de confirmarse la exclusión de Rodríguez, la polarización podría escalar, especialmente si sus bases consideran que hubo manipulación institucional.
¿Habrá protestas? ¿Recurrirán a instancias internacionales? El escenario está abierto, y todo dependerá de lo que resuelvan en Beni este martes.
Una semana definitiva para la democracia boliviana
Con el plazo de inscripciones cerrado y una batalla legal en curso, Bolivia enfrenta uno de los momentos más tensos de su proceso electoral.
La determinación de la Sala Plena del TSE de someterse a lo que decida la Sala Constitucional del Beni refleja la fragilidad del sistema, donde un recurso judicial puede cambiar el destino de una candidatura en horas.
Mientras tanto, la Alianza Popular espera, bajo la sombra de la incertidumbre, si podrá o no competir en agosto.