La movilización en Santa Rosa del Sara mantiene bloqueados los accesos al campo gasífero. Los manifestantes rechazan mediaciones, exigen la salida de Rodrigo Paz y lanzan advertencias a la Policía.
La ocupación de los accesos al campo gasífero Humberto Suárez ingresó en una fase más delicada tras la decisión de los comunarios movilizados de mantener la medida de presión por tiempo indefinido y descartar cualquier posibilidad de negociación. La presencia policial en las inmediaciones de la instalación energética elevó la tensión durante las últimas horas y provocó nuevas advertencias por parte de los manifestantes.
La protesta se desarrolla en el municipio de Santa Rosa del Sara, donde organizaciones campesinas e indígenas instalaron bloqueos en las rutas de acceso al complejo hidrocarburífero. Los movilizados atravesaron árboles sobre la vía para impedir el ingreso de vehículos y permanecen concentrados en distintos puntos estratégicos alrededor del predio.
La llegada de un contingente policial desplazado desde Santa Cruz modificó el escenario en la zona. Los uniformados arribaron durante la madrugada con la finalidad de evaluar la situación y restablecer el acceso a las instalaciones. Sin embargo, la presencia de los efectivos fue rechazada de inmediato por los ocupantes.
Los dirigentes que encabezan la movilización comunicaron públicamente que la Policía debía retirarse del lugar. Según los reportes, incluso se otorgó un plazo de 30 minutos para que los uniformados abandonaran el ingreso principal al campo Humberto Suárez.
Mientras se desarrollaban esas advertencias, los comunarios reafirmaron que no permitirán una intervención destinada a recuperar el control de la planta. Los manifestantes sostienen que la medida responde a una serie de demandas relacionadas con la situación económica nacional y el abastecimiento de combustibles.
Desde el sector movilizado se insistió en que la protesta se lleva adelante sin agresiones contra trabajadores ni daños a la infraestructura. Los dirigentes señalaron que la ocupación fue realizada con conocimiento de personal vinculado a las operaciones del campo y negaron versiones sobre supuestos rehenes dentro de las instalaciones.
“Esta es una medida pacífica”, indicaron representantes de la movilización al referirse a los acontecimientos registrados en la zona. Según explicaron, el objetivo es mantener la presión sobre las autoridades nacionales para que atiendan sus reclamos.
No obstante, la preocupación persiste debido a informes que apuntan al cierre de válvulas relacionadas con la actividad petrolera. Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la situación operativa del campo ni sobre el estado de los sistemas internos. También se reportó que la planta quedó incomunicada, dificultando la obtención de información independiente desde el interior del complejo.
Los dirigentes de la Provincia Sara y representantes de cuatro centrales campesinas e indígenas respaldaron la continuidad de la protesta. De acuerdo con sus declaraciones, la movilización fue impulsada por las bases ante problemas que consideran cada vez más graves para el sector productivo rural.
“Nos hemos autoconvocado por la falta de los combustibles, la mala economía y el incumplimiento de decretos que perjudican al sector productivo del campo”, afirmaron los representantes de las organizaciones que participan en la medida.
Los movilizados también responsabilizan al Gobierno por la crisis de abastecimiento de carburantes y por decisiones que, según sostienen, afectan directamente a las actividades agrícolas y pecuarias. En ese marco, ratificaron una exigencia política que se convirtió en el principal eje de la protesta: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“Pedimos su renuncia por la incapacidad del Gobierno y por no respetar el voto popular del sector campesino”, manifestaron los dirigentes mientras continuaban apostados en los accesos al complejo energético.
La posibilidad de instalar una mesa de acercamiento tampoco logró reducir las tensiones. El subcomandante departamental de Santa Cruz, coronel Franklin Villazón, informó que se aguardaba la participación de la Defensoría del Pueblo para facilitar conversaciones entre las partes. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los comunarios.
Los dirigentes señalaron que no existe disposición para participar en encuentros de diálogo mientras no se atienda la demanda central de la movilización. Por ello, descartaron cualquier negociación promovida por instituciones estatales o entidades mediadoras.
La importancia estratégica del campo Humberto Suárez ha colocado el conflicto bajo observación permanente. La instalación forma parte de la infraestructura energética de la región y cualquier alteración en sus operaciones genera preocupación sobre posibles efectos en el suministro de combustibles y en la actividad hidrocarburífera.
