La aprehensión de Luis Arce no solo abrió un nuevo capítulo judicial, sino que dejó al descubierto una ruptura política que se venía gestando en silencio. El expresidente, antes rodeado por un amplio aparato de funcionarios y militantes, se encontró enfrentando su momento más crítico sin el acompañamiento de quienes lo respaldaron durante años. Frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el apoyo fue prácticamente inexistente: únicamente una persona se acercó para solidarizarse, mientras el resto de su estructura partidaria desapareció de escena. La imagen sintetizó un quiebre profundo y confirmó que el respaldo interno del arcismo se evaporó en cuestión de días.
La exministra María Nela Prada fue la única figura de alto perfil que dio la cara públicamente. Calificó la detención como un acto ilegal y exigió que se respete el mecanismo constitucional de juicio de responsabilidades. Además, acudió personalmente a la FELCC en busca de información confiable sobre el estado del exmandatario. Prada, visiblemente afectada, declaró que nunca tuvo relación alguna con el caso Fondioc y señaló que la acusación contra Arce está rodeada de irregularidades que deben ser atendidas por la justicia.
De los 40 ministros que acompañaron a Arce en su gestión, solo uno más se pronunció a su favor: Edgar Montaño. Mediante un comunicado, expresó su preocupación por la detención y solicitó una investigación transparente que resguarde el debido proceso. Advirtió que la justicia debe actuar sin presiones políticas y reiteró que la serenidad institucional es indispensable para evitar que el país ingrese en una nueva etapa de confrontación.
Sin embargo, la mayor parte de los antiguos colaboradores evitó cualquier señal pública de respaldo. La ausencia colectiva fue notoria y reforzó la percepción de que el arcismo perdió cohesión. Mientras tanto, el exdiputado Rolando Cuéllar tomó una postura abiertamente crítica. Afirmó que no defenderá a ninguna persona investigada por corrupción y pidió que el Ministerio Público amplíe las medidas de restricción no solo contra Arce, sino también contra Evo Morales y otros involucrados en el caso Fondioc. Sus palabras evidenciaron una ruptura total con el liderazgo del expresidente y una voluntad explícita de distanciarse de cualquier responsabilidad política.
En el bloque evista, la situación fue aprovechada como un elemento más del conflicto interno. Aunque Evo Morales se mantuvo en silencio, el diputado Héctor Arce se pronunció para cuestionar al Gobierno de Rodrigo Paz, al que acusó de montar un “circo político” para distraer al país de la crisis económica y de los hechos violentos en Cotapachi. Si bien reconoció que, si existen indicios sólidos, Arce debe enfrentar un proceso, utilizó el contexto para reforzar sus ataques contra el Ejecutivo y reposicionar a su facción dentro de la disputa masista.