Un grupo bipartidista presentó resolución que obliga al Congreso a autorizar cualquier operación militar, alertando sobre posibles ataques de EE.UU. en Venezuela y respetando los límites constitucionales del Ejecutivo.
En medio de crecientes tensiones políticas, un grupo de senadores estadounidenses decidió actuar para marcar un límite al poder del presidente Donald Trump en asuntos militares. La resolución bipartidista, presentada por los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff junto con el republicano Rand Paul, apunta a impedir que el Ejecutivo lance operaciones bélicas en Venezuela sin la aprobación explícita del Congreso.
Kaine presentó la iniciativa la noche del jueves 16 de octubre, dando inicio a un período de espera de diez días antes de que el Senado pueda discutir la medida. Durante la presentación, insistió en que la Constitución reserva al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra y que el presidente solo puede autorizar acciones defensivas o de emergencia inmediata.
La preocupación principal gira en torno a las supuestas operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dentro del territorio venezolano, mencionadas por Trump en declaraciones recientes. Kaine advirtió que cualquier acción unilateral podría desencadenar un conflicto regional y que el Congreso nunca autorizó estas intervenciones secretas. “El Ejecutivo no puede tomar decisiones de guerra sin respaldo legislativo”, afirmó con firmeza.
Adam Schiff, por su lado, subrayó que la resolución representa un esfuerzo por restablecer el equilibrio constitucional entre el Legislativo y el Ejecutivo en materia de política exterior. Recordó que los estadounidenses no quieren que sus hijos e hijas sean enviados a guerras sin que exista un debate transparente y autorización legal previa.
Informes internacionales señalan que, en los últimos meses, ataques estadounidenses en el Mar Caribe habrían causado la muerte de 27 personas, entre ellas civiles no combatientes. La denuncia venezolana ante el Consejo de Seguridad de la ONU calificó estos hechos como “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones del derecho internacional humanitario, señalando la gravedad de operaciones llevadas a cabo al margen de la ley.
El documento presentado por los senadores propone que cualquier acción militar futura requiera la aprobación formal del Congreso, convirtiéndose en un mecanismo de control frente a decisiones unilaterales del Ejecutivo. La medida refleja la creciente inquietud por mantener los límites de la autoridad presidencial y evitar que los conflictos internacionales se desarrollen sin supervisión legislativa.