El proyecto de Estados de Excepción extiende la duración de las medidas extraordinarias, reduce controles de la Asamblea y habilita nuevas acciones de las fuerzas de seguridad durante conflictos internos y protestas.
La aprobación del Proyecto de Ley PL-505/25 de Estados de Excepción en la Cámara de Senadores marca un cambio importante en las reglas que regulan la actuación del Estado durante situaciones extraordinarias. La iniciativa, que ahora deberá ser considerada por la Cámara de Diputados, modifica varios aspectos de la Ley 1341, vigente desde 2020, y otorga mayores atribuciones al Órgano Ejecutivo para actuar frente a escenarios que considere una amenaza para la estabilidad del país.
La propuesta mantiene la facultad presidencial de declarar el estado de excepción mediante Decreto Supremo, pero amplía significativamente el alcance de las medidas que pueden aplicarse durante ese periodo. Uno de los cambios más notorios es el incremento del tiempo de vigencia. Mientras la norma actual establece un límite máximo de 60 días, el nuevo proyecto permite que las medidas excepcionales permanezcan activas durante 90 días, es decir, tres meses continuos.
Para sectores sociales y organizaciones que suelen protagonizar protestas, marchas o bloqueos, la ampliación del plazo representa una preocupación adicional porque prolonga el periodo durante el cual pueden imponerse restricciones especiales y desplegarse operativos de control bajo un régimen extraordinario.
La iniciativa también incorpora un nuevo argumento para justificar la declaratoria. A las amenazas externas, la conmoción interna y los desastres naturales se suma ahora el denominado “peligro para la seguridad del Estado”. Según el texto aprobado, esta figura abarca la protección de la soberanía nacional, la integridad territorial y las instituciones democráticas frente a amenazas internas o externas.
La amplitud de esa definición ha generado observaciones debido a que deja un margen más amplio para interpretar qué situaciones podrían dar lugar a la activación del estado de excepción. Organizaciones sociales consideran que conflictos prolongados, protestas masivas o medidas de presión podrían terminar encuadradas dentro de esa nueva causal.
Otro aspecto que diferencia al proyecto de la Ley 1341 es la eliminación de requisitos que actualmente obligan al Ejecutivo a justificar de forma detallada la necesidad de adoptar medidas extraordinarias. La legislación vigente exige demostrar que los mecanismos ordinarios del Estado son insuficientes para enfrentar una determinada situación. El nuevo texto reduce esas exigencias y simplifica la fundamentación requerida para la declaratoria.
La propuesta también modifica el sistema de aprobación legislativa. Actualmente, la ratificación de un estado de excepción requiere mayoría absoluta del total de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con el proyecto aprobado por el Senado, bastará la mayoría absoluta de los legisladores presentes en la sesión. En términos prácticos, el Ejecutivo necesitará menos votos para obtener el respaldo parlamentario correspondiente.
Sin embargo, las mayores preocupaciones se concentran en las atribuciones conferidas a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas durante la vigencia de la medida.
El proyecto establece que las fuerzas del orden podrán arrestar y trasladar a personas que incumplan las restricciones impuestas durante el estado de excepción. Aunque el texto fija límites temporales para esos arrestos, la disposición introduce una herramienta que no aparece en la Ley 1341 bajo los mismos alcances.
Además, la propuesta incorpora medidas administrativas más amplias, incluyendo la posibilidad de clausurar establecimientos privados, intervenir determinadas actividades y proceder al secuestro de bienes. Estas facultades podrían alcanzar a vehículos, inmuebles, locales comerciales u otros bienes vinculados a actividades consideradas contrarias a las restricciones establecidas durante la declaratoria.
La participación militar también adquiere una dimensión más visible. El proyecto señala que la Policía continuará ejerciendo el mando principal en las operaciones destinadas a preservar el orden público. Sin embargo, cuando el Gobierno considere que la capacidad policial ha sido rebasada por una situación de conmoción interna, podrá ordenar la intervención extraordinaria de las Fuerzas Armadas.
Otro punto que genera observaciones es la disposición que otorga presunción de legalidad a las actuaciones desarrolladas por policías y militares durante el estado de excepción. La norma establece que los procedimientos ejecutados por ambas instituciones se presumirán ajustados a derecho mientras se encuentren dentro del marco de la declaratoria.
Paralelamente, el proyecto reduce varios mecanismos de fiscalización que actualmente posee la Asamblea Legislativa. La Ley 1341 faculta al Legislativo a modificar, limitar, suspender o incluso concluir anticipadamente un estado de excepción. El nuevo texto elimina esas atribuciones específicas y restringe la capacidad de intervención parlamentaria.
Las obligaciones de información también son menores respecto a la normativa vigente. Actualmente, el Ejecutivo debe remitir reportes periódicos a diferentes instituciones estatales para permitir el seguimiento de las medidas adoptadas. La nueva propuesta reduce esos informes y simplifica el esquema de rendición de cuentas.
De igual manera, desaparecen algunas disposiciones relacionadas con la responsabilidad de autoridades y efectivos encargados de ejecutar las medidas excepcionales. La Ley 1341 contempla mecanismos de control más amplios y responsabilidades civiles, administrativas y penales. El proyecto aprobado en Senadores reduce varios de esos alcances y modifica el tratamiento de las responsabilidades derivadas de actuaciones durante la vigencia del estado de excepción.
La combinación de estas modificaciones configura un escenario distinto al que rige actualmente. Más tiempo para aplicar medidas extraordinarias, nuevas causales para activar el estado de excepción, mayores atribuciones para la Policía y las Fuerzas Armadas, menores exigencias para su aprobación y una fiscalización legislativa reducida forman parte de una propuesta que ha despertado preocupación entre sindicatos, gremiales, organizaciones sociales y sectores movilizados, que consideran que el proyecto fortalece el poder del Ejecutivo mientras disminuye los mecanismos de control sobre las decisiones adoptadas durante periodos excepcionales.
SENADO APRUEBA LEY QUE AMPLÍA FACULTADES DEL GOBIERNO Y DEJA A MOVILIZADOS BAJO MAYOR PRESIÓN POLICIAL Y MILITAR
