El proceso incorpora pericias, revisión de llamadas y nuevas actuaciones mientras persisten interrogantes sobre el procedimiento policial, el peso del oro y la liberación de personas intervenidas.

Las actuaciones desarrolladas dentro del denominado caso «oro-maletas» continúan bajo revisión después de que surgieran observaciones sobre el procedimiento aplicado durante el operativo efectuado en el aeropuerto internacional de Viru Viru. A las diferencias entre el peso del cargamento reportado en distintas etapas del proceso se suman cuestionamientos por la liberación de personas inicialmente arrestadas y por la falta de información oficial que permita reconstruir con precisión cada una de las actuaciones realizadas desde el momento de la intervención. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y anunció nuevas diligencias para determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas.
Procedimiento que debía seguir la intervención
El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rubén Barrientos, sostuvo que varias de las interrogantes planteadas alrededor del caso nacen por la ausencia de explicaciones sobre el procedimiento aplicado durante las primeras horas del operativo.
Explicó que, ante un hecho de estas características, corresponde comunicar inmediatamente al fiscal de turno, asegurar el lugar donde se desarrolla la intervención, levantar las actas de secuestro del material encontrado, registrar formalmente todas las evidencias y trasladar a las personas arrestadas para definir su situación jurídica de acuerdo con la legislación vigente.
Según Barrientos, el cumplimiento de esas etapas permite garantizar la transparencia de la investigación y evita posteriores cuestionamientos sobre la legalidad de las actuaciones.
«La duda es razonable», afirmó al referirse a las observaciones que surgieron después de conocerse distintas versiones respecto al desarrollo del operativo.
Añadió que la falta de una explicación institucional permitió que crecieran las especulaciones sobre aspectos que pudieron aclararse desde el inicio mediante documentación oficial.
El peso del cargamento continúa generando preguntas
Uno de los elementos centrales del caso sigue siendo la diferencia entre los aproximadamente 211 kilos de oro que aparecen en registros fotográficos y los 189,5 kilos que actualmente forman parte de la investigación judicial.
Barrientos explicó que esa diferencia podría obedecer a una cuestión estrictamente técnica si una cifra corresponde al peso bruto del cargamento —incluyendo cajas y embalajes— y la otra al peso neto del mineral.
No obstante, sostuvo que esa información debió hacerse pública desde el primer momento para evitar interpretaciones diferentes sobre la cantidad de oro efectivamente incautada.
A su juicio, la ausencia de una aclaración inmediata terminó alimentando las dudas existentes sobre el desarrollo de todo el procedimiento.
La liberación de personas arrestadas permanece bajo análisis
Otro de los puntos observados corresponde a la liberación de varias personas que inicialmente fueron arrestadas durante la intervención policial.
El exdirector de la FELCC señaló que el procedimiento establece que los arrestados deben ser puestos a disposición de la autoridad competente una vez cumplidas todas las actuaciones preliminares.
Indicó que cualquier modificación posterior requiere documentación suficiente para explicar las razones jurídicas que motivaron esa decisión.
Barrientos manifestó que cuando las actuaciones iniciales no son explicadas de manera clara resulta difícil evitar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Asambleístas piden aclaraciones
El diputado de Alianza Libre, Mario Herrera, solicitó que se investigue la actuación de la Policía durante el operativo realizado en Viru Viru.
Afirmó que, por tratarse de un caso de alta relevancia, las autoridades responsables debían garantizar un seguimiento permanente de todas las actuaciones desarrolladas por los investigadores.
También expresó que la Policía tiene la obligación de actuar conforme a los protocolos establecidos y de informar oportunamente sobre cada decisión adoptada durante el proceso.
Desde la bancada de Unidad, el diputado Álvaro Cazasola también manifestó observaciones respecto al manejo del caso.
«Todo el Gobierno… No puede ser posible que no tengamos veracidad de la situación», declaró al cuestionar las distintas versiones conocidas durante el desarrollo de la investigación.
El legislador sostuvo además que la ciudadanía necesita conocer con precisión qué ocurrió durante el operativo y cuáles fueron las actuaciones ejecutadas por las instituciones responsables.
La investigación judicial continúa avanzando
Dentro del proceso penal, el juez Fernando Daniel Mejía Gallardo ordenó la detención preventiva por 150 días en el penal de Palmasola para Adrián Lema Roca, de 22 años.
Durante la audiencia cautelar, el fiscal Gomer Padilla informó que el Ministerio Público presentó elementos que sustentan la probabilidad de autoría respecto a los presuntos delitos de contrabando, venta y compra ilegal de recursos minerales y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Padilla indicó además que el investigado decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio y no emitió ninguna declaración durante la audiencia.
La resolución judicial también dispuso que el cargamento sea incautado y posteriormente entregado al Banco Central de Bolivia, previo cumplimiento de un nuevo pesaje oficial.
Cuestionan la cadena de custodia
El secretario general de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Luis Alberto Ruiz, afirmó que este caso vuelve a poner bajo observación la preservación de las evidencias dentro de investigaciones de alto impacto.
Recordó que anteriormente también se denunciaron pérdidas de objetos vinculados con otros procesos judiciales y sostuvo que estos antecedentes generan preocupación.
«De la casa de Marset se perdieron relojes, también se perdieron las famosas narc0maletas y ahora se pierden 22 kilos de oro», declaró.
Ruiz señaló que, según su criterio, la cadena de custodia presenta debilidades cuando el Ministerio Público toma conocimiento de determinadas actuaciones después de que ya ocurrieron las presuntas irregularidades.
Solicitan responsabilidades dentro de la FELCC
El diputado Rolando Pacheco pidió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la destitución del director departamental de la FELCC de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, luego de que éste atribuyera a un «error procedimental» la liberación de varias personas inicialmente arrestadas.
Pacheco anunció que solicitará informes oficiales para conocer quién autorizó esas actuaciones y pedirá la triangulación de llamadas telefónicas, el secuestro de teléfonos celulares y otras diligencias destinadas a establecer responsabilidades.
Asimismo, adelantó que solicitará la intervención de la FELCC de Satélite Norte como parte de las actuaciones vinculadas al caso.
Fiscalía anuncia nuevas diligencias
El fiscal departamental Alberto Zeballos informó que la investigación continúa abierta y que podrán ser convocadas todas las personas que cuenten con información útil para el esclarecimiento de los hechos.
Precisó que el Ministerio Público requerirá los registros y flujos de llamadas, además de la ubicación y georreferenciación de comunicaciones para establecer si existieron contactos entre autoridades del Ministerio de Gobierno, la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y otras instituciones relacionadas con el operativo.
También explicó que las investigaciones alcanzarán a comercializadores, importadores, acopiadores y cualquier persona natural o jurídica que pudiera haber participado como autor, cómplice, partícipe o encubridor.
Zeballos informó además que existen indicios sobre el uso de documentación presuntamente falsificada. Señaló que el SENARECOM confirmó que el formulario M03 presentado dentro del procedimiento no fue emitido por esa institución y agregó que ya fue identificada una empresa vinculada al cargamento investigado. La Fiscalía no descarta ejecutar nuevos allanamientos, emitir citaciones y ampliar las investigaciones conforme avancen las pericias y la recolección de nuevos elementos de prueba.