El Ejecutivo abrió otro diálogo aislado con organizaciones campesinas mientras los bloqueos continúan en todo el país y la Central Obrera Boliviana permanece fuera de las conversaciones oficiales.

El Gobierno de Rodrigo Paz volvió a optar por conversaciones separadas con sectores movilizados y dejó nuevamente sin participación a la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de una crisis marcada por bloqueos, escasez de productos y creciente malestar social en distintas regiones del país.
La nueva convocatoria oficial fue dirigida a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para una reunión prevista este domingo a las 9:00. La decisión fue asumida mientras continúan las protestas y más de 50 puntos de bloqueo mantienen interrumpidas varias rutas nacionales, especialmente en el eje central.
Durante las últimas semanas, el Ejecutivo sostuvo reuniones diferenciadas con organizaciones campesinas, mineras, fabriles y sindicales, sin conformar una mesa conjunta que reúna a todos los actores involucrados en el conflicto. Esa forma de negociación alimentó críticas dentro de sectores movilizados, que observan un intento de reducir la capacidad de coordinación de las protestas y debilitar el rol histórico de la COB.
El ministro Justiniano afirmó que el diálogo con las organizaciones sociales “ha sido permanente” y aseguró que el Gobierno mantiene contacto continuo con distintos sectores. Según explicó, se enviaron cartas oficiales y se realizaron “innumerables reuniones” para atender las demandas planteadas desde diferentes regiones.
La autoridad también indicó que el mandatario participó personalmente en encuentros prolongados y defendió la estrategia gubernamental de instalar mesas separadas. “Ese es el compromiso y el mandato del presidente Rodrigo Paz”, sostuvo.
Mientras el Ejecutivo insiste en la vía del diálogo parcial, la situación económica comienza a sentirse con mayor fuerza en mercados y centros urbanos. El transporte irregular, la falta de combustible y el retraso en el abastecimiento de alimentos incrementaron la preocupación de la población tras más de tres semanas de conflicto.
Justiniano aseguró que uno de los principales problemas identificados por el Gobierno son las pérdidas económicas en el sector agrícola. “Meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo”, declaró al referirse a productores afectados por el cierre de carreteras.
Pese a ello, las organizaciones movilizadas mantienen sus medidas de presión y cuestionan que el Ejecutivo busque acuerdos por separado sin instalar una negociación nacional junto a la COB y otras representaciones sociales.
En paralelo, el Gobierno confirmó la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, instancia que comenzará a funcionar el miércoles 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo. Según las autoridades, el organismo abordará temas relacionados con estabilidad económica, empleo, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.
La creación de esa instancia también despertó observaciones desde sectores sociales, que consideran que el Ejecutivo intenta desplazar las discusiones hacia espacios controlados por el propio Gobierno mientras el conflicto continúa creciendo en las calles y carreteras.
En la Asamblea Legislativa aparecieron posiciones distintas sobre la crisis. La diputada Ximena Arispe señaló que las mesas de diálogo pueden servir para canalizar demandas sociales y abrir discusiones sobre cambios dentro del gabinete ministerial.
Por su parte, la diputada Eliana Condori sostuvo que el país atraviesa una situación económica crítica y defendió el derecho de los sectores a mantener sus movilizaciones.
En contraste, el diputado Alejandro Reyes pidió habilitar carreteras mediante operativos policiales progresivos y aseguró que las protestas responden a acciones orientadas a generar desestabilización política.