Las dimisiones de dos integrantes del gabinete se producen en medio de bloqueos, tensión social, problemas de abastecimiento y una creciente presión política sobre la administración de Rodrigo Paz.

La crisis que sacude al país desde hace más de un mes provocó una nueva reconfiguración en el gabinete del presidente Rodrigo Paz. Los ministros de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, dejaron sus cargos en una jornada marcada por la incertidumbre política y el agravamiento de los conflictos sociales que mantienen paralizadas varias regiones del territorio nacional.
La salida de ambas autoridades fue confirmada por fuentes oficiales de sus respectivos ministerios. Las renuncias se conocen después de una extensa reunión de evaluación realizada por el jefe de Estado junto a su equipo de colaboradores, en la que se analizó el escenario generado por los bloqueos de carreteras, las movilizaciones y la falta de avances en los intentos de diálogo con los sectores movilizados.
Salinas y García habían asumido funciones el 9 de noviembre, cuando fueron posesionados como parte del gabinete que acompañó el inicio de la gestión gubernamental. Siete meses después, ambos dejan sus cargos en medio del periodo más complejo que ha enfrentado la actual administración.
La dimisión del titular de Defensa ocurre en una coyuntura especialmente sensible. Durante las últimas semanas, el Ministerio tuvo un papel relevante debido a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo destinadas a enfrentar los efectos de los bloqueos que afectan a distintos departamentos del país.
Uno de los episodios más significativos se registró durante la ejecución del operativo humanitario “Banderas Blancas”, mediante el cual se intentó restablecer temporalmente la circulación en la ruta entre La Paz y Oruro. La intervención permitió el avance de algunos vehículos retenidos en carretera; sin embargo, los bloqueos volvieron a instalarse horas después, restableciendo las restricciones al tránsito.
Aunque el Ejecutivo no explicó oficialmente las razones de la salida de Salinas, el relevo se produce cuando persisten los problemas de abastecimiento y continúan las demandas de sectores que exigen la renuncia del presidente.
Para ocupar la cartera de Defensa fue designado Ernesto Justiniano, quien hasta el martes ejercía funciones como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. La nueva autoridad desarrolló gran parte de su reciente gestión en operativos vinculados a la lucha contra el narcotráfico y la coordinación de acciones internacionales contra organizaciones criminales.
La segunda baja en el gabinete corresponde a Beatriz García, quien deja el Ministerio de Educación después de haber participado en negociaciones con organizaciones del magisterio fiscal y administrativo.
Durante su gestión se concretó un acuerdo para la creación de un bono destinado a docentes y trabajadores administrativos del sistema educativo público. La medida estableció un beneficio inicial de 2.400 bolivianos para la gestión 2026, con la previsión de ajustes anuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor.
Hasta el cierre de la jornada no se conocieron las razones oficiales de su alejamiento ni tampoco se informó quién asumirá la conducción del Ministerio de Educación.
Las dos renuncias amplían la lista de cambios realizados por el presidente en las últimas semanas. El pasado 21 de mayo también dejó el cargo el entonces ministro de Trabajo, Edgar Morales, en medio de cuestionamientos provenientes de organizaciones sindicales y de la Central Obrera Boliviana.
Con la salida de Morales, Salinas y García, el Ejecutivo acumula tres modificaciones de alto nivel en un periodo marcado por la conflictividad social y las crecientes dificultades para contener el descontento de distintos sectores.
La situación nacional continúa siendo crítica. Los bloqueos impulsados por organizaciones sindicales, campesinas y grupos afines a sectores políticos opositores mantienen afectadas las principales vías de comunicación del país. La medida tiene especial impacto en La Paz, donde el cerco a la sede de Gobierno ha generado problemas para el ingreso de alimentos, medicamentos y combustibles.
Las consecuencias también alcanzaron al sistema de salud. Directores de hospitales y centros médicos reportaron dificultades para recibir oxígeno medicinal e insumos esenciales, situación que obligó a suspender procedimientos programados y concentrar esfuerzos en la atención de emergencias.
A la par de los problemas sanitarios, distintos sectores productivos y de transporte denunciaron pérdidas económicas derivadas de la interrupción de las rutas. Transportistas atrapados en carreteras alertaron sobre la falta de alimentos, servicios básicos y condiciones adecuadas para permanecer durante días en los puntos de conflicto.
En el plano político, los esfuerzos para abrir canales de diálogo no lograron resultados concretos. Las convocatorias realizadas por el Gobierno fueron rechazadas o no obtuvieron respuesta de los principales dirigentes de las organizaciones movilizadas, que mantienen su exigencia de que Rodrigo Paz abandone el cargo.