La absorción de viceministerios y funciones dispersas consolida a la Presidencia como centro operativo dominante, mientras el Gobierno asegura que la concentración responde a eficiencia, austeridad y capacidad de control coordinado.
La conversión del Ministerio de la Presidencia en un organismo ampliado con siete viceministerios marca una reorganización de alto impacto dentro del Ejecutivo liderado por Rodrigo Paz. La medida, ejecutada tras la supresión de varias carteras, transfirió competencias completas hacia esta institución, configurando un escenario donde las funciones estratégicas del Estado se concentran bajo un mando central que gana amplitud y alcance.
La primera capa de la nueva estructura está conformada por los viceministerios de Coordinación de la Gestión Pública, dirigido por Julio Linares; Coordinación Política y Legislativa, a cargo de Wilson Santamaría; Coordinación con Movimientos Sociales, encabezado por René Flores; y Autonomías, liderado por Andrea Barrientos. Estas áreas actúan como ejes operativos encargados de sostener articulaciones políticas, administrativas y territoriales, bajo una dinámica de supervisión directa de la Presidencia.
De manera paralela, el Viceministerio de Tierras quedó incorporado a la cartera luego de la eliminación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Aunque aún no cuenta con una autoridad designada, este despacho asumirá el control de la administración agraria, la supervisión del INRA y la elaboración de políticas de tierra y territorio, funciones que anteriormente dependían de una estructura ministerial especializada. El traslado consolida un punto de poder particularmente sensible, dado su impacto en la gestión productiva y en la regulación de la propiedad agraria.
A ello se agregan dos despachos con atribuciones institucionales de amplio alcance. El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos quedó bajo la dirección de Yamil García, mientras que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización permanece a la espera de su autoridad titular. Ambos espacios ya se encuentran integrados al andamiaje de la Presidencia, consolidando un mecanismo administrativo que opera con creciente velocidad.
Durante la presentación de la nueva estructura, el vocero gubernamental, Lupo, explicó que este rediseño se fundamenta en principios de austeridad, orden y eficiencia, orientados a transformar la Presidencia en un “centro de gobierno” con capacidad para proveer análisis, planificación y sistemas de alerta temprana. Según sus declaraciones, este modelo permitirá una coordinación más estrecha con la Asamblea Legislativa y con las administraciones subnacionales, facilitando la ejecución de decisiones estratégicas en plazos más cortos.
La disolución del Ministerio de Justicia, formalizada mediante un decreto que —según Lupo— busca restituir independencia y transparencia al sistema judicial, trasladó sus competencias hacia los nuevos viceministerios dependientes de la Presidencia. Con ello, áreas como derechos humanos, vigilancia institucional y seguridad jurídica quedaron concentradas en un solo espacio de control político.
El reordenamiento también alcanzó al sistema de comunicación estatal, con la eliminación de los viceministerios de Comunicación y de Coordinación y Gestión Gubernamental, el cierre del periódico Ahora El Pueblo y la suspensión de la Agencia Boliviana de Información ABI.
En paralelo, el futuro de las Radios de Pueblos Originarios, Radio Patria Nueva y Boliviatv continúa en incertidumbre.