La compra será financiada con recursos del Tesoro General de la Nación y se convierte en una de las mayores asignaciones para material antidisturbios registradas en los últimos años.
Una resolución emitida por el Ministerio de Gobierno autorizó la transferencia de Bs 68.150.928 para la adquisición de agentes químicos destinados a la Policía Boliviana, una operación que destaca tanto por el volumen de recursos comprometidos como por el hecho de que la compra no figuraba dentro de la planificación presupuestaria inicial de la gestión 2026.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 047/2026, firmada el 23 de marzo de este año. El documento aprueba un traspaso presupuestario interinstitucional financiado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), destinados exclusivamente al abastecimiento de material químico para las unidades policiales del país.
La decisión se sustenta en una serie de informes elaborados por la Policía Boliviana y distintas dependencias del Ministerio de Gobierno. Los antecedentes señalan que la institución del orden reportó una creciente necesidad de reabastecimiento debido a la utilización de estos insumos durante conflictos sociales registrados en diferentes regiones.
Según la documentación oficial, el Departamento Nacional de Armamento y Equipo Policial identificó requerimientos provenientes de direcciones generales, direcciones nacionales y comandos departamentales. La evaluación concluyó que las existencias disponibles debían ser repuestas para garantizar la operatividad de las unidades encargadas de tareas de control y seguridad.
Los informes técnicos D.N.M.E. N.º 03/2026 y D.N.M.E. N.º 014/2026, citados en la resolución, sostienen que el incremento de conflictos sociales provocó un desgaste acelerado de las reservas de agentes químicos utilizadas por la institución policial. A partir de esa evaluación se formalizó la solicitud de recursos extraordinarios.
Sin embargo, uno de los datos más relevantes contenidos en el expediente es que la compra no estaba contemplada en el presupuesto aprobado para la Policía Boliviana durante la presente gestión fiscal.
El Informe Técnico PB/DNA/DNF/PPTO N.º 130/2026, remitido por el Comando General de la Policía al Ministerio de Gobierno, establece que después de revisar el presupuesto institucional se verificó que no existía ninguna partida destinada a la adquisición de agentes químicos para 2026.
Esa situación obligó a la institución a gestionar recursos adicionales fuera de la programación original. La solicitud fue acompañada por informes legales internos que respaldaron la necesidad de realizar una modificación presupuestaria para cubrir el requerimiento.
Posteriormente, el Viceministerio de Régimen Interior y Policía emitió el Informe Técnico MG-VRIP-DGRTP N.º 27/2026, en el que recomendó dar curso a la solicitud presentada por la Policía Boliviana. El documento concluye que la provisión de agentes químicos es necesaria para garantizar medios adecuados a las diferentes unidades operativas y permitir el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
La recomendación derivó en la elaboración de un análisis financiero por parte de la Dirección General de Asuntos Administrativos. La Unidad Financiera de esa dependencia evaluó la factibilidad de la operación y concluyó que correspondía gestionar un traspaso presupuestario por Bs 68.150.928 provenientes de recursos estatales.
El informe financiero determinó que los fondos debían incorporarse al programa denominado “Servicios de Seguridad Ciudadana. Monitorear y Prevenir Conflictos”, dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Gobierno.
La última etapa del procedimiento fue cubierta por el Informe Jurídico DGAJ-UGJ N.º 095/2026, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. El dictamen estableció que la modificación presupuestaria no vulneraba las disposiciones vigentes y cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Administración Presupuestaria y el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
Con esos antecedentes, el Ministerio de Gobierno procedió a aprobar oficialmente el traspaso de recursos.
La resolución menciona que el financiamiento proviene de la fuente 10-111 correspondiente al Tesoro General de la Nación, lo que significa que la totalidad de los recursos será cubierta con fondos públicos administrados por el Estado.
Asimismo, instruye a la Dirección General de Asuntos Administrativos y a la Policía Boliviana efectuar los trámites necesarios ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para concretar el registro de la modificación en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Ese paso permitirá habilitar los procesos de contratación vinculados a la compra.
El respaldo legal de la medida se apoya en diversas normas nacionales. Entre ellas figuran la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la Ley de Administración Presupuestaria, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
Dentro de los argumentos utilizados por el Gobierno se recuerda que la Policía Boliviana depende del Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y que el Estado tiene la obligación de proporcionar los medios necesarios para el cumplimiento de las funciones institucionales.
La resolución también cita el Decreto Supremo N.º 2175, que establece que la Policía Boliviana es la única entidad estatal facultada para la adquisición, registro, tenencia y uso de armamento, municiones y otros materiales de empleo policial.
La magnitud de la compra generó repercusiones en el ámbito político debido a que se trata de una de las mayores asignaciones conocidas para este tipo de adquisiciones durante los últimos años.
El diputado de Alianza Unidad, Álvaro Cazasola, manifestó que corresponde al Gobierno explicar los criterios utilizados para destinar más de 68 millones de bolivianos a la compra de agentes químicos.
“Hay que consultarle al ministro de Economía, o a quien haya hecho ese destino”, afirmó el legislador al ser consultado sobre la asignación presupuestaria.
Cazasola sostuvo que actualmente existen preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y los efectos que generan los bloqueos en distintas regiones del país. En ese marco, expresó que las autoridades deben asumir acciones destinadas a restablecer la normalidad.
“El pueblo alteño vive una inseguridad ciudadana, el pueblo paceño vive una inseguridad ciudadana”, declaró.
El parlamentario también señaló que las fuerzas del orden deben contar con el equipamiento necesario para cumplir sus tareas y pidió una respuesta estatal frente a las medidas de presión que afectan el abastecimiento y la circulación.
“Creo que el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Gobierno tienen que poner orden al país. Que saquen a la Policía, que saquen al Ejército, que pongan orden”, sostuvo.
Mientras avanzan los procedimientos administrativos para concretar la adquisición, la Resolución Ministerial N.º 047/2026 deja establecido que la operación responde a una solicitud formal realizada por la Policía Boliviana y respaldada por informes técnicos, financieros y jurídicos elaborados entre enero y marzo de este año.
POLICÍA RECIBIRÁ Bs 68 MILLONES EN AGENTES QUÍMICOS TRAS REFORMA PRESUPUESTARIA QUE NO ESTABA PREVISTA EN 2026
