Los 335 municipios bolivianos se preparan para recibir Bs 1.398,8 millones en 2026, un recorte del 24,31 % en el aporte del IDH, lo que pone en alto riesgo inversión y servicios locales.
En un anuncio que moviliza las alarmas de las alcaldías, la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) reveló que los recursos derivados del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a los 335 municipios del país se proyectan en Bs 1.398,8 millones para el ejercicio de 2026, lo que representa una caída del 24,31 % respecto al monto previo.
El director ejecutivo de la AMB, Alfonso Lema, explicó que esta disminución obedece al techo presupuestario que el Gobierno ha propuesto para el próximo año. En el documento presupuestario, se consignan ingresos de Bs 10.549,5 millones, de los cuales Bs 8.908,3 millones provienen de la coparticipación tributaria, Bs 1.398,8 millones del IDH y Bs 242,5 millones por patentes forestales y regalías mineras.
En el segmento de las ciudades capitales y la municipalidad de El Alto, la distribución prevista asciende a un techo de Bs 4.988 millones, integrado por Bs 4.272 millones de coparticipación tributaria, Bs 667 millones del IDH y Bs 49 millones de recaudación propia.
El municipio de Santa Cruz es señalado como el más afectado: recibirá aproximadamente Bs 121,5 millones, cifra que lo posiciona como el de mayor pérdida absoluta en términos de ingresos derivados del gas. Otras jurisdicciones como La Paz (Bs 65,48 millones), El Alto (Bs 76,68 millones), Cochabamba (Bs 62,16 millones) y Potosí (Bs 36,32 millones) también están entre las más golpeadas.
Según Lema, la propuesta del nuevo gobierno —que busca dividir los recursos públicos con una fórmula 50/50 entre Estado central y municipios— es «atractiva en el papel», pero enfrenta obstáculos para su implementación inmediata debido a la rigidez del esquema presupuestario actual.
La advertencia es clara: los alcaldes están ante un doble desafío. Por un lado, deben asegurar que los servicios básicos, las obras de infraestructura y los programas sociales no se vean interrumpidos; por otro, tienen que reorganizar sus presupuestos bajo el nuevo escenario de menor flujo financiero.
El impacto podría sostenerse más allá del próximo año, ya que la AMB plantea la necesidad de conformar una agenda de trabajo con el Ejecutivo entrante para abordar asuntos clave como el pacto fiscal y los instrumentos de planificación a mediano y largo plazo.
En este contexto, la capacidad de los municipios para responder a las demandas ciudadanas comienza a quedar al descubierto. Disminuir los recursos del IDH no solo altera cifras y magnitudes, sino que afecta la cotidianidad de millones de bolivianos que viven en zonas rurales y urbanas, cuya calidad de vida depende de políticas locales eficaces.