Desde falta de acceso a la información hasta la dotación de derechos mineros en áreas protegidas nacionales y regionales. Conoce las demandas de representantes de comunidades de Santa Cruz, Pando, Beni y el norte de La Paz.

La falta de acceso a la información desde instancias del gobierno boliviano, como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), es una de las preocupaciones más latentes de pueblos indígenas que habitan en la Amazonia y la Chiquitania. Durante un encuentro, realizado los días 7 y 8 de junio, representantes de comunidades lamentaron que dicha instancia “ha restringido el acceso” a la sociedad civil respecto a las áreas mineras.

Tal situación, así como el incumplimiento de leyes básicas como la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales fueron temas muy discutidos durante las sesiones, en las que participaron representantes de pueblos indígenas de Santa Cruz, Pando, Beni y el norte de La Paz.

En un pronunciamiento conjunto de ocho puntos, difundido por Probioma, los participantes se declararon en emergencia “ante el constante avasallamiento, abuso, atropello y vulneración de derechos, de parte de operadores mineros y distintas instancias del Estado”, tales como: AJAM, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), municipios y Defensoría del Pueblo, entre otros.

Así, los puntos más relevantes del documento dan cuenta de la entrega de derechos mineros en áreas protegidas municipales, así como en Unidades de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) en el caso de Santa Cruz, y también en zonas de amortiguamiento, que son aquellas que rodean a estos territorios en reserva.

En contrapartida a esta realidad, los representantes de pueblos indígenas de tierras bajas, como se conoce a aquellos que están en Amazonia y Chiquitania, demandan políticas públicas para fortalecer actividades productivas sostenibles, las cuales no comprometen sus medios de vida, especialmente el agua para futuras generaciones.

Lee aquí el pronunciamiento y sus ocho puntos:

  1. No necesitamos más leyes, demandamos el cumplimiento de las que ya existen, mpezando por la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones locales, relacionados con el derecho a un medio ambiente sano.
  2. Reivindicamos el derecho al acceso a la información desde las distintas instancias del Estado en relación a las áreas mineras, proyectos e impactos. Ya que en la actualidad la AJAM ha restringido el acceso a la información a la sociedad civil sobre las áreas mineras.
  3. Reivindicamos el derecho a la consulta previa libre e informada y a nuestro consentimiento, así como el derecho a la participación conforme establecen los convenios internacionales.
  4. Rechazamos a que se entregue a los operadores mineros derechos en las áreas protegidas municipales, nacionales, UCPNs, ni en sus zonas de amortiguamiento.
  5. Rechazamos enfáticamente el privilegio otorgado al sector minero (en la Ley 535) como el supuesto derecho preconstituido que reclaman para ingresar a territorios y áreas protegidas.
  6. Exigimos la aplicación del Acuerdo de Escazú para el ejercicio pleno a nuestro derecho a la información, a la participación pública, y la protección de los defensores y defensoras
    de los territorios, las áreas protegidas y el medio ambiente.
  7. Reafirmamos el derecho a la soberanía en el territorio y ratificamos su defensa, y si vienen a violentarnos los responsables serán el Estado Boliviano y otros.
  8. Demandamos del Estado políticas públicas que se orienten a fortalecer las actividades productivas sostenibles con el medio ambiente de las comunidades, respetando la vocación de los suelos. Ahí se encuentra el verdadero desarrollo para pueblos indigenas originarios campesinos y locales, sin comprometer nuestros medios de vida, como el agua para las futuras generaciones.

Vía La Región

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