Según datos del Ministerio Público, entre enero y mediados de abril, 373 menores de edad ingresaron al sistema penal juvenil. La mayoría está privada de libertad por delitos de violencia sexual.
Rolando, cuyo nombre ha sido cambiado, tiene 17 años y es procesado por un delito grave, específicamente por feminicidio. El adolescente es considerado como el principal sospechoso del crimen de Remigia P.M., una mujer de 62 años que fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en una zanja de la comunidad de Mataral de Pocona el 23 de abril. Actualmente, Rolando se encuentra en detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Cometa, en Cochabamba.
En Bolivia, 1.420 adolescentes, como Rolando, enfrentan la justicia penal. De acuerdo a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, un alarmante 73% de estos menores de edad están privados de libertad por delitos de violencia sexual.
Las estadísticas del Ministerio Público revelan que, tan solo entre el 1 de enero y el 15 de abril de este año, 373 adolescentes ingresaron al sistema de justicia penal juvenil en Bolivia. Esto quiere decir que al menos tres menores de edad tienen problemas legales diariamente, sumando un total de 106 cada mes. La distribución geográfica muestra que Santa Cruz lidera con 95 casos, seguido por Cochabamba con 85, Chuquisaca con 55, La Paz con 34, Potosí con 33, Tarija con 29, Beni con 22, Pando con 19 y Oruro con 1.
De los 373 casos, la mayor proporción (43.43%, equivalente a 162 casos) corresponde a delitos de género, evidenciando una problemática preocupante de violencia contra la mujer. Le siguen los delitos patrimoniales (25.47%), aquellos relacionados con personas (21.45%), delitos vinculados al narcotráfico (3.75%) y otros motivos (5.90%).
Ante este panorama, surge la pregunta sobre las sanciones para los adolescentes que incurren en delitos. Por ejemplo, Rolando se encuentra bajo detención preventiva. A diferencia de los adultos, la ley limita esta medida a un máximo de tres meses para menores de edad. Tras este periodo, la justicia deberá emitir una resolución de acusación o rechazo. Si se le acusa formalmente y se demuestra su culpabilidad en un juicio, la pena máxima que podría recibir Rolando, considerando la gravedad del delito, sería de seis años de privación de libertad. Esto implica que, a sus 24 años, estaría nuevamente en libertad.
El debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes que cometen delitos graves como feminicidio, asesinato y violación ha tomado fuerza en Bolivia. Diversas instituciones y grupos de la sociedad civil abogan por que estos adolescentes, a partir de los 15 años, sean juzgados como adultos.
Actualmente, adolescentes como Rolando, entre 16 y 17 años, son juzgados bajo la Ley 548 (Código Niño, Niña y Adolescente). Esta ley establece una atenuación de “cuatro quintas partes respecto del máximo penal” para los adolescentes. Por ejemplo, un delito con una pena máxima de 30 años para adultos se reduciría a seis años para un adolescente.
Además, la ley establece que las penas privativas de libertad para delitos graves se cumplen en centros especializados en lugar de cárceles. Para delitos con penas máximas de 15 años, se aplican medidas socioeducativas con o sin restricción de libertad.
Mediante una acción coordinada entre el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, centros de reintegración social, centros de orientación, juzgados de niñez y adolescencia, el Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), acordó implementar medidas para brindar atención integral a los adolescentes involucrados en delitos y, de esa manera, evaluar el grado de peligrosidad o riesgo para la sociedad.
Vía Opinión