El líder indígena Mario Guari lo había advertido hace una década: la voraz fiebre por encontrar oro iba a destrozar parte de su comunidad, a orillas del río Madre de Dios, en la frontera amazónica de Bolivia con Brasil. No le hicieron caso. Hoy, diez años después, Miraflores, un pequeño pueblo tacana, en el departamento de Pando, sufre las fuertes consecuencias: las casas ubicadas al costado del río comenzaron a desmoronarse por remoción de tierras que realizan las dragas ilegales.

Durante la última década, la minería ilegal se ha extendido a los ríos amazónicos de Bolivia. En el río Madre de Dios la extracción de oro avanza con dragas, sobre áreas protegidas y comunidades indígenas. No tienen licencia para operar, pero igual operan, inyectando el mercurio en las corrientes de agua y en los cuerpos de los habitantes indígenas que se alimentan de los pescados envenenados.

El oro ha desplazado al gas natural como principal producto de exportación en Bolivia. Pese a ello, una investigación realizada durante siete meses por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y El Deber –como parte de la serie Las Rutas del Oro Sucio en cinco países amazónicos y en la que participaron 18 periodistas– revela el incremento de dragas sobre los ríos bolivianos y la enorme opacidad sobre el oro en este país.

Desde el 2016, a diferencia de otros países de la región como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Bolivia no reporta el detalle de sus envíos de oro: ni sus exportadores ni sus importadores. Solo se conocen preliminarmente cantidades aproximadas que se declaran oficialmente en Aduanas, aunque expertos señalan que las cifras podrían ser mayores.

El análisis de OjoPúblico –a una base de datos global construida con la información disponible de aduanas para este país– halló que entre 2014 y 2023 Bolivia exportó 80 toneladas de oro de origen desconocido.

El 2022, por ejemplo, Bolivia declaró en aduanas que vendió 63 toneladas. Pero ese año, la producción –según las cifras del Ministerio de Minería y Metalurgia– fue de 53 toneladas aproximadamente.

​Para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, hay hechos que deben ser tomados en cuenta en la producción informal del oro en Bolivia. El primero, es el considerable incremento en la producción de oro en los últimos nueve años, que pasó de 13.4 toneladas en 2013, a 53 toneladas en 2022.

El segundo punto, como lo ha advertido esta investigación de OjoPúblico y El Deber, es la gigante brecha entre lo producido y exportado. “Esta variación de cifras y el incremento de las mismas en los últimos años lleva a establecer la hipótesis que existe un contrabando hacia Bolivia de oro explotado en otros países como Perú y Brasil”, resalta Zaconeta.

El boom del oro en Bolivia se originó en 2014, cuando las cooperativas elevaron la producción, y empujaron esta actividad extractiva hacia nuevos territorios, como la Amazonía boliviana. Ese año, se aprobó la nueva Ley de Minería y Metalurgia.

Pero la presencia del oro ilegal en Bolivia es mucho mayor. El mismo gobierno estimó en 2023, cuando se debatía la Ley 1503 de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales, que el 50% de las exportaciones de oro en este país provienen de fuentes ilegales, principalmente por contrabando desde Perú.

“Presumimos y estamos seguros que una cantidad muy importante de la producción de oro se va hacia el contrabando, que no ha sido monitoreado por nuestras direcciones. Es una gran cantidad casi parecida a la producción que hemos tenido en 2019”, afirmó en mayo de 2023 el entonces ministro Ramiro Villavicencio.

El análisis realizado por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y El Deber a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos ––construida con información de las Aduanas– detalla que durante los últimos dos años los principales destinos del oro son: India, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Turquía.

La participación de la India y los Emiratos Árabes, como nuevos destinos del oro vendido por Bolivia se consolidó el 2022. Ese año, el 93% de todo lo registrado como exportado se concentró en esos dos países.

La extracción de oro en Bolivia es controlada por las cooperativas mineras: Estas producen el 99% de todo el oro declarado oficialmente en el país. “[Estas] no pagan impuestos, se asocian ilegalmente con capitales privados nacionales y extranjeros, y deja impactos ambientales significativos en el ambiente”, señala un informe de enero de este año del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Contrabando de oro entre Perú y Bolivia

Los mineros del río Madre de Dios dicen que no saben a dónde va el oro que extraen. “Conocemos a los dueños de las dragas, pero no sabemos qué hacen con el oro”, cuenta Fernando, un minero que trabaja en una draga en el departamento de Pando. Dice que, en una buena jornada, con una draga, puede sacar entre 25 y 30 gramos de oro y que lo mínimo que puede llegar a obtener es ocho gramos.

Las autoridades bolivianas reconocen que las cantidades de oro exportación son mayores, no solo porque se ha incrementado la producción de oro de origen ilegal, sino también por el contrabando desde el Perú. “Desde 2015, las exportaciones bolivianas y peruanas de oro mantuvieron una tendencia creciente, pero, dado que las autoridades peruanas iniciaron una fuerte campaña para combatir la actividad minera informal en dicho país, esto al parecer produjo flujos de contrabando de oro hacia Bolivia”, reconoció el gobierno de Bolivia en 2021.

Bolivia tiene frontera con Perú en dos regiones: Puno y Madre de Dios, ambas zonas productoras de oro ilegal. En esta zona existen varios pasos para el contrabando de mercurio de Bolivia hacia el Perú, y de oro desde Perú a Bolivia. Existen sofisticadas redes de contrabando entre Perú y Bolivia. “La relativa facilidad con la que se lava y se comercializa el oro en Bolivia convierte al país en un destino atractivo para el oro de origen ilegal, lo que reduce el riesgo de detección e incautación”, explica un reporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Las zonas donde se explota el oro inician en los Yungas, de La Paz, por donde atraviesan los ríos Beni, Kaka y Tuichi. Existen áreas protegidas afectadas por esta extracción, como el Madidi y el Pilón Lajas, ambos parques nacionales. Uno de los ríos más afectados es el río Madre de Dios, donde se estima que operan 600 dragas.

Alex, como llamaremos a uno de los mineros que pidió no ser identificado, habla sobre las condiciones de trabajo en las dragas.

“Es muy fregado estar acá. Nosotros sacamos el oro de marzo a noviembre, la mayoría entre diciembre y abril se dedica a la zafra (de castaña). Pero yo me quedo acá en la minería todo el año, es un trabajo muy riesgoso, muy cansador y tiene muy poca paga. Hay dos formas de hacer minería acá: una con las dragas y otra manualmente. La mayoría estamos con las dragas”, relata. El calor le incomoda.

Dice que hay mucho oro en el río Madre de Dios y que por eso se aprovecha el trabajo con las dragas. Alex es un empleado. El dueño de las dragas le paga un porcentaje. Sobre el oro que alcanza a extraer, dice que le pagan “con el 3% de lo rescatado”.

En Riberalta, en el departamento de Beni, el gramo de oro se compra en 400 bolivianos, un poco más de 57 dólares. Si un minero saca diez gramos recibe el 3% de la venta, que es 120 bolivianos o 17 dólares en un día. Esos precios pueden variar en diferentes ciudades de Bolivia. Por ejemplo, en La Paz, sede del gobierno de Bolivia,el gramo de oro se cotiza hasta en 450 bolivianos (60 dólares). En el segundo trimestre del 2023, el precio del oro alcanzó máximos históricos.

Una veintena de empresas lideran la comercialización de oro en Bolivia. Estas firmas son intermediarias que se dedican a la exportación del metal. Entre las principales se encuentran la Empresa Bolivia Precious Metales S.A., Boligroup Traiders S.R.L., Goldway S.R.L., Unión 6 de Agosto S.R.L., Golden Rain S.R.L., Yellow Tree S.R.L., Koryaliri S.R.L. y Chama Khory S.R.L. Desde 2019 a 2022, estas ocho empresas concentraron el 84% de las exportaciones de oro en el país, según datos oficiales.

Entre lo legal y lo ilegal

Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla, señala que, aunque las exportaciones de oro en 2022 superaron a las de hidrocarburos, el Estado boliviano recaudó más por el gas que por el oro. Esto debido a las diferencias tributarias que se aplican a las cooperativas mineras. 

“También hay señales claras de evasión de impuestos, ya que actores privados (nacionales y extranjeros) se camuflan detrás de las cooperativas para dejar de pagar tributos. Esto se evidencia en el hecho de que la mayoría de las concesiones en la Amazonía boliviana están a nombre de privados, pero el 99% del oro se extrae como si perteneciera a cooperativas”, detalla Zaconeta.

En Bolivia si un privado extrae oro y lo hace pasar como si viniera de una cooperativa evita pagar hasta un 37,5% del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 3% del Impuesto a las Transacciones (IT) y hasta un 7% en regalías.

El sector minero cooperativista ha señalado estar dispuesto a pagar un impuesto único de 4,8% y ha resaltado que su aporte al país no solo debería medirse en lo tributario, sino también en la generación de empleo y movimiento económico en varias regiones. Ramiro Balmaceda, presidente de La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN), informó en 2022 que su sector está de acuerdo en pagar un impuesto único, pero admitió que el sector cooperativista minero en Bolivia se encuentra dividido por este punto.

El exministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, Marcelino Quispe, en entrevista con OjoPúblico y EL DEBER informó que se perfilan “tres proyectos grandes” para extraer oro en Bolivia a través de empresas estatales en los ríos Beni, Madre de Dios y Picosutu.

Respecto al proyecto en la cuenca del río Madre de Dios, manifestó que “hay un problema judicial, ya que los comuneros insistieron en que no se trabaje en los ríos”. Pese a esto, el exministro aseguró que el problema “será resuelto” y que “se van a asentar por lo menos unas cinco empresas, ya (sean) estatales y privadas”.

Desde el Ministerio de Minería explicaron que el “problema judicial” al que se refieren es una medida legal (acción popular) que ha impulsado un grupo de pobladores indígenas contra la extracción de oro en los ríos.

Ruth Alipaz, lideresa de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, que se opone a estos proyectos mineros, denunció que la mayoría de los pueblos indígenas que viven en las orillas de los ríos donde se extrae oro, están ya contaminados con altos niveles de mercurio.

La voz de la dirigente se escucha fuerte en las comunidades amazónicas. “A los defensores de la selva nos han arrebatado el derecho a tener un almuerzo familiar, una celebración de cumpleaños. Hay la foto con nosotros y la foto sin nosotros, porque es preferible no aparecer públicamente con nuestros seres queridos, para protegerlos de la violencia y ataques”, se lamenta.

El exministro Quispe dice que en los nuevos proyectos mineros que el gobierno está impulsando sobre los ríos amazónicos no se utilizará mercurio para extraer oro. “No debería existir temor, toda vez que los proyectos propuestos no consideran el uso de mercurio. Se realizará la obtención de oro por métodos gravimétricos”, respondió.

Los mineros ilegales han encontrado un terreno fértil en varias zonas de la Amazonía boliviana. Su poder e influencia han socavado la capacidad de los guardaparques —muchos de ellos oriundos de las comunidades indígenas— para ejercer un control efectivo, poniendo en riesgo la integridad de estos espacios naturales únicos en el mundo.

Jaime Cuéllar, experto boliviano en minería ilegal, compara el oficio ilícito de extraer oro con el narcotráfico. “Es similar a la lucha contra el narcotráfico. No hemos logrado entender esa situación (…) En Bolivia se concibió la minería ilegal como un hecho administrativo y no delictivo, con múltiples impactos y actores”, precisa.

El investigador señala que en lo social la minería ilegal genera migraciones, la presencia del crimen organizado transnacional, tráfico de personas y también otro tipo de delitos.

Así funcionan las cooperativas mineras

Unos 50 kilómetros río abajo desde la comunidad de Miraflores está la comunidad Agua Dulce. En este poblado, que también pertenece al municipio Puerto Gonzalo Moreno, viven 75 familias y 560 personas, aproximadamente. Todos sus caminos son de tierra. Sus árboles embellecen su paisaje. Hay plantas cargadas de copoazú, coco, mandarina, naranja, achachairú y, en menor cantidad, almendras. Pero Agua Dulce es conocida en Pando por tener uno de los mejores plátanos.

La Cooperativa Minera Aurífera Asobal es la mayor operadora en el río Madre de Dios. Su representante, Elizabeth Coronado, niega que sus afiliados ejerzan la minería ilegal. Ella insiste y asegura que por ahora sus miembros no están operando, esto debido a la decisión judicial que ordena la paralización de la extracción.

Sin embargo, un informe del Centro de documentación e Información de Bolivia (Cedib), señala que “como suele ocurrir con las cooperativas mineras, Asobal no es una cooperativa formada por trabajadores que realizan una actividad de cooperación mutua; en realidad, se trata de la asociación de propietarios de balsas. No representa a nadie más que a este grupo de propietarios que se benefician del trabajo de los trabajadores”, dice el documento.

La representante de la Cooperativa Asobal afirma que tienen alrededor de 450 asociados activos e insiste en que su trabajo es legal. Sin embargo, Mario Guari, el líder indígena de la comunidad de Miraflores, afirma que por cada socio de Asobal hay más de una balsa.

“Existe una irregularidad dentro de ese trabajo de la minería. Porque el dueño en Riberalta, a los mismos trabajadores los hacen de palo blanco (falsos dueños). Ellos cuentan con cinco, seis y hasta ocho balsas. Y a sus mismos trabajadores los nombran. Cuando viene una comisión (del Gobierno) dicen ‘ellos son los dueños, yo solo tengo una o dos (balsas)’. De esa forma ilegal ellos trabajan”, denuncia el comunero.

Cada socio al ingresar a Asobal hace un aporte de 2.500 dólares. La condición es que debe tener al menos una balsa y máximo tres para pertenecer a la cooperativa, pero pueden inscribir a familiares como dueños de estas máquinas.

Vía El Deber

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