La actividad minera en las distintas comunidades de la Amazonía, Chiquitania y Pantanal pone en alerta a los pueblos indígenas debido a la vulneración de sus derechos y el impacto negativo para el medio ambiente y la salud.

Representantes de más de 200 comunidades de tierras bajas (Beni, Pando, La Paz y Santa Cruz), que aseguran estar siendo afectados por la actividad minera legal e ilegal, se reunieron en la ciudad de Santa Cruz los días 7 y 8 de junio para analizar los impactos de la minería en sus territorios.

Producto de este encuentro denominado «Minería en tierras bajas: Impactos y desafíos» se emitió un documento en el que las comunidades se declaran en emergencia debido a la vulneración de sus derechos ante el avance de la actividad minera y sus impactos negativos para el medio ambiente y la salud.

“Nos declaramos en estado de emergencia ante el constante avasallamiento, abuso, atropello, vulneración de derechos de parte de operadores mineros y distintas instancias del Estado (AJAM, MMAYA, INRA, SERNAP, ABT, Gobernaciones, Municipios, Defensoría del Pueblo, entre otros)”, indica el documento.

En el pronunciamiento se demanda al Estado el cumplimiento de normativas de derechos que están establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE), en convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú. Asimismo, se expresa el rechazo a que continúe la concesión de derechos mineros en áreas protegidas. Por otro lado, plantea la necesidad de que las políticas públicas económicas del Estado estén dirigidas a fortalecer las actividades productivas de las comunidades que son sostenibles con el medio ambiente.

El documento detalla los siguientes ocho puntos:

  1. No necesitamos más leyes, demandamos el cumplimiento de las que ya existen, empezando por la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones locales, relacionados con el derecho a un medio ambiente sano.
  2. Reivindicamos el derecho al acceso a la información desde las distintas instancias del Estado en relación a las áreas mineras, proyectos e impactos. Ya que en la actualidad la AJAM ha restringido el acceso a la información a la sociedad civil sobre las áreas mineras.
  3. Reivindicamos el derecho a la consulta previa libre e informada y a nuestro consentimiento, así como el derecho a la participación conforme establecen los convenios internacionales.
  4. Rechazamos a que se entregue a los operadores mineros derechos en las áreas protegidas municipales, nacionales, UCPNs, ni en sus zonas de amortiguamiento.
  5. Rechazamos enfáticamente el privilegio otorgado al sector minero (en la Ley 535) como el supuesto derecho preconstituido que reclaman para ingresar a territorios y áreas protegidas.
  6. Exigimos la aplicación del Acuerdo de Escazú para el ejercicio pleno a nuestro derecho a la información, a la participación pública, y la protección de los defensores y defensoras de los territorios, las áreas protegidas y el medio ambiente.
  7. Reafirmamos el derecho a la soberanía en el territorio y ratificamos su defensa, y si vienen a violentarnos los responsables serán el Estado Boliviano y otros.
  8. Demandamos del Estado políticas públicas que se orienten a fortalecer las actividades productivas sostenibles con el medio ambiente de las comunidades, respetando la vocación de los suelos. Ahí se encuentra el verdadero desarrollo para pueblos indígenas originarios campesinos locales, sin comprometer nuestros medios de vida, como el agua para las futuras generaciones.

Estas demandas exhortan a que el estado cambie la visión de impulso a la minería   para fortalecer aquellas actividades que se realizan en las comunidades y que tendrían un real impacto en el mejoramiento del nivel de vida local.

En ese sentido, Sofía Balcázar, del área de monitoreo socio ambiental de la institución PROBIOMA, afirma que en el pronunciamiento de este encuentro se comparten las necesidades y preocupaciones de realidades comunes que se viven en estas comunidades indígenas en cuanto a las estrategias de introducción de actividades mineras en los distintos Territorios del País y, además, se realizó un análisis de   las acciones que vienen realizando las comunidades en defensa de su territorio, de su medio ambiente y también de su salud.

“Si bien en la actualidad no todas las comunidades o no todos los territorios tienen el mismo nivel de impacto o el mismo nivel de presencia de actividades mineras, en esencia las realidades son comunes y las preocupaciones son comunes porque estamos hablando de comunidades indígenas, campesinas y locales que son comunidades rurales que viven muy ligadas al medio ambiente y el impacto de la minería no solo es a la vegetación, como ocurre con la problemática del agua, que con la situación actual de la crisis climática ya viene siendo profundizada y lo que hace la minería es profundizarla aún más”.

Por su parte, Milton Cortés, secretario de relaciones de la Central Sindical Única de Trabajadores de El Torno, manifestó que la minería es un problema y una causa  de que las vertientes de agua en su territorio estén constantemente amenazadas debido a la contaminación que podría producir la actividad minera. Por eso es su rechazo y estado de alerta.

“No es que nosotros nos opongamos porque tengamos algún capricho o no queramos el progreso, es cierto que la minera viene y te ofrecen una infinidad de cosas, pero no sé hasta dónde, si cumplen o no cumplen. Nosotros lo que peleamos es por nuestras vertientes agua, por nuestra fuente de agua, que si la minera se instala en las cabecera nos va a fregar las vertientes de agua.”, indicó.

Ruth Alipaz Cuqui, coordinadora general de la CONTIOCAP -Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarias Campesinas y áreas protegidas en Bolivia-  destacó que las comunidades de tierras bajas afectadas por la minería, ya sea aluvial o a cielo abierto,  cuentan con experiencias muy similares. Es decir, la forma en que las mineras abordan a las comunidades con ofrecimientos muy tentadores, pero que al final los efectos de su actividad extractiva son sobre todo destrucción y devastación. Entonces, esas experiencias sirven a las comunidades que ya están siendo afectadas o que recién están viendo los efectos a que puedan tomar acciones.

 “Acá lo relevante podríamos decir es que todavía hay conciencia de querer conservar, de querer proteger, de querer cuidar los recursos esenciales para la vida como el agua, entonces creo que eso es un elemento fundamental que estamos viendo en este encuentro con las comunidades indígenas de tierras bajas”, señaló.

Por su lado, Miguel Miranda, coordinador de incidencia en DDHH – del CEDIB, expresó que en este encuentro  inicialmente  se proponía   lograr una riqueza de intercambios, de aprendizajes para fortalecer las luchas indígenas, sin embargo, surgió la iniciativa de hacer un comunicado público por la urgencia que existe de dar conocer a la opinión pública nacional la grave situación que están padeciendo  en los territorios por los atropellos, los abusos y la contaminación.

  “Creo que ha sido muy positivo el poder profundizar ese intercambio, desmenuzando tanto las estrategias que ellos ven, que ellos sufren, de los actores que vienen a su territorio a iniciar actividades mineras, como la contraparte de las propias estrategias que las comunidades van empleando”, concluyó.

El evento  «Minería en tierras bajas: Impactos y desafíos» fue organizado por un conjunto de instituciones que buscan contribuir al análisis e intercambio de experiencias de esta temática, tal es el caso de  PROBIOMA, CEDIB, la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré CICHAR, la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó CICH-T y la CONTIOCAP.

Vía ANF

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