En una audiencia breve pero cargada de tensión, la justicia liberó a Luis Marcelo Arce Mosqueira, imponiéndole terapias psicológicas y prohibición de acercamiento a su pareja denunciante.
En el silencio tenso del piso 12 del Palacio de Justicia, la jueza Vivían Balcázar leyó su decisión final. Frente a ella, el hijo del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, permanecía con las manos entrelazadas, escuchando cómo su suerte cambiaba. La magistrada aceptó la conciliación presentada por la víctima y ordenó su liberación, con medidas que incluyen asistir a terapias psicológicas durante cinco meses y mantener distancia absoluta de la denunciante.
El caso había comenzado semanas atrás, cuando la mujer con la que compartía su vida denunció una agresión física y psicológica. La denuncia, presentada el 18 de septiembre, derivó en una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía dos días después. La captura se concretó cuando el propio Arce Mosqueira se presentó voluntariamente a declarar. Lo hizo con el rostro serio y una carpeta bajo el brazo, sabiendo que su nombre ya ocupaba titulares en todo el país.
En la audiencia, la denunciante tomó la palabra con voz temblorosa. Dijo sentirse agobiada por la exposición pública y aseguró no haber sido presionada para desistir del proceso. “Caminar por la calle se ha vuelto insoportable”, confesó ante la jueza. “La gente me mira como si fuera culpable de algo”. Reconoció que su pareja era un hombre de carácter fuerte, pero sostuvo que el escándalo mediático le había causado más daño que el propio hecho denunciado.
Luis Marcelo, visiblemente afectado, se levantó y pidió disculpas. Lo hizo mirando al frente, sin gestos teatrales. Agradeció la oportunidad de enmendar sus errores y se comprometió a cumplir con las terapias impuestas. La jueza Balcázar lo observó un momento y luego dictó su resolución: libertad con medidas sustitutivas. Reiteró que el proceso no estaba cerrado y que el cumplimiento estricto de las terapias sería revisado en marzo de 2026.
En el otro extremo de la sala, la fiscal Jessica Echeverría fruncía el ceño. Había solicitado la detención preventiva del imputado en Palmasola por 180 días, basándose en el informe médico que establecía 12 días de incapacidad para la víctima. “Con esos antecedentes, correspondía la detención”, dijo después de la audiencia. Confirmó que el Ministerio Público apeló la decisión, porque, según explicó, el acuerdo no debería reemplazar la aplicación estricta de la ley.
La audiencia se disolvió lentamente. Afuera, la presencia de periodistas y cámaras rompía cualquier intento de discreción. Algunos curiosos se acercaban buscando una imagen, una frase, una reacción. La jueza, mientras tanto, había dejado claro que la justicia vigilará el cumplimiento de las medidas y que el caso podría reabrirse si alguna parte incumple lo dispuesto.