El Ejecutivo se retira definitivamente de la acusación en los procesos por las muertes de 2019, dejando todo el avance, las decisiones y las responsabilidades en manos exclusivas del sistema judicial.
El Gobierno confirmó que no continuará como parte acusadora en los casos Sacaba y Senkata, dando un giro completo en la conducción institucional de estos expedientes, que investigan las muertes registradas durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El viceministro de Justicia, Marcelo García Delfín, declaró que la orden es firme: estos procesos pasarán a depender enteramente de jueces, vocales y magistrados, sin intervención del Órgano Ejecutivo.
García Delfín aseguró que la nueva línea institucional busca eliminar cualquier posible interferencia política en la administración judicial. Recordó que el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado fueron, durante años, actores centrales en las acusaciones impulsadas contra la exmandataria. Esa etapa, afirmó, quedó concluida. “Nuestro rol ya no es acusar. Vamos a garantizar únicamente condiciones administrativas para que la justicia opere sin presiones ni orientaciones políticas. Lo que corresponda definir será resuelto en estricto ámbito jurisdiccional”, dijo en su declaración pública.
Los casos fueron derivados a juicio de responsabilidades después de que el Tribunal Supremo de Justicia concluyera que las investigaciones iniciadas en el fuero ordinario estaban viciadas por irregularidades. Con esa resolución, gran parte del trabajo preliminar quedó anulado, lo que provocó un giro radical en el curso procesal y reinstaló el debate sobre el acceso real a la justicia para las víctimas.
A partir de esa decisión, los familiares de los fallecidos y heridos de 2019 reactivaron sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Alegan que los retrocesos judiciales destruyeron avances que ya se habían consolidado antes de las elecciones generales, y que la nueva ruta procesal amenaza con dilatar indefinidamente la búsqueda de verdad y reparación.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la CIDH, emitió en 2023 un informe con recomendaciones contundentes orientadas a garantizar reparación integral. No obstante, dos años más tarde, tanto la CIDH como la Oficina de la ONU Derechos Humanos para América del Sur expresaron públicamente su preocupación ante la posibilidad de que los procesos carezcan de resultados concretos para las víctimas.
El retiro del Gobierno como acusador no disminuye la presión, sino que la redirige por completo hacia el sistema judicial. Ahora, los afectados esperan que la justicia actúe con independencia y celeridad real, mientras organismos internacionales advierten que cualquier nuevo estancamiento profundizará la percepción de impunidad.