Hace mucho que se acabó la época de las “vacas gordas”. Las gobernaciones lo saben bien. Por eso, preparan una nueva batalla por la redistribución de los recursos del Estado. Sostienen que la tajada que reciben actualmente es insuficiente y advierten que la situación se ha vuelto insostenible. Demandan un nuevo pacto fiscal. Y consideran que ya no se puede seguir eludiendo este debate.
REALIDAD
De acuerdo al informe de la Fundación Jubileo “¿En qué gastarán el dinero los gobiernos departamentales el 2024?”, elaborado con base en datos oficiales, el presupuesto de las gobernaciones se redujo un 52,5% en los últimos diez años. En la época de vacas gordas, en el mejor año de ese periodo (2011-2015), recibieron 11.664 millones de bolivianos, sin contar las transferencias del nivel central del Estado para gastos específicos o pagos delegados. Este año, según el Presupuesto General del Estado, está previsto que reciban solo 5.533 millones de bolivianos.
El problema no es solo la disminución de recursos, sino que gran parte de los ingresos de las gobernaciones siguen saliendo de la explotación de los hidrocarburos, cuya producción registró un fuerte declive en los últimos años –Bolivia pasó de producir 60 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) en 2024 a 36 MMmcd en 2024, según reconoció en marzo pasado el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina–. El propio presidente Luis Arce, el mes pasado, graficó así la difícil situación: “El gas se ha agotado” y “no hay de dónde sacar plata”.
La mayor parte de los ingresos de las gobernaciones –3.264 millones de bolivianos– proviene de la explotación del gas y de los minerales, de acuerdo con el presupuesto de este año.
Es decir, esas regalías representan el 61,2% del total de sus ingresos.
Únicamente el dinero de los hidrocarburos llega a algo más de 2.056 millones de bolivianos, el 38,5% del total.
En total, el presupuesto de las gobernaciones de 2024 supera los 9.507 millones de bolivianos, pero un poco más de 3.974 millones están destinados a gastos específicos o pagos delegados (salarios para el personal de salud, las transferencias para las universidades –IEHD– y la Renta Dignidad –30%–, entre otros).
¿Quién se lleva la mayor parte? Santa Cruz (1.386 millones de bolivianos), seguido de Tarija (1.062 millones) y Potosí (942 millones). Los dos primeros departamentos son los principales productores de gas; el tercero, de minerales.
La Paz se sitúa en el cuarto lugar (611 millones); y después vienen Cochabamba (427 millones), Chuquisaca (398 millones), Oruro (302 millones), Beni (268 millones) y Pando (137 millones).
Esos recursos no incluyen los presupuestos para gastos específicos o pagos delegados, es decir que son los recursos que se usan para la gestión departamental.
COLAPSO FINANCIERO
Ante esta realidad, los gobernadores del país decidieron encarar el problema de manera conjunta. Tras varios acercamientos, lograron concretar un primer encuentro nacional en Tarija y alcanzaron una serie de acuerdos en una segunda reunión en Sucre, donde dejaron en claro que pelearán juntos, ya no individualmente, por una nueva redistribución de recursos.
En la ‘Declaración de Sucre’, que emitieron el pasado 24 de mayo desde la capital del país, acordaron exigir al Gobierno nacional que se asuman diez medidas (VER CUADRO APARTE), que resumen de algún modo la situación económica que enfrentan las gobernaciones.
Pero las gobernaciones no solo demandan más recursos, sino que alertan que ya no pueden cumplir con sus deudas.
“Si avanzamos en estos puntos, no solo vamos a evitar el colapso financiero de las gobernaciones, porque, de no hacerlo hasta fin de año, hay más de una gobernación que se va a ver obligada a tener que cerrar sus puertas o empezar incumplir sus obligaciones financieras”, advirtió el gobernador de Tarija, Oscar Montes, que dirigió el segundo encuentro de gobernadores en Sucre e hizo de vocero.
“Estamos planteando soluciones. Creemos que así se puede empezar a reconducir la economía del país, y vamos a esperar que se pueda concretar la reunión con el presidente (Luis Arce) en la segunda semana de junio”, añadió.
En efecto, los gobernadores buscan comenzar las negociaciones con el Gobierno sobre la base de su agenda de diez puntos el próximo mes, como parte de su estrategia para discutir después una nueva redistribución de recursos, una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregue los resultados del Censo 2024. Y eso incluye la nueva redistribución de escaños parlamentarios.
¿QUÉ DICEN CHUQUISACA Y POTOSÍ?
El secretario de Planificación de la Gobernación de Chuquisaca, Juan Melendres, remarca que ya no hay propuestas o demandas individuales, sino conjuntas. “Ese fue el objetivo de la reunión de los gobernadores: Plantear ya al Gobierno algunos criterios de redistribución y de cómo se tendrían que distribuir los recursos de aquí en adelante”, explica.
Adelanta que tanto Chuquisaca como el resto de las gobernaciones pedirán, de inicio, que la nueva redistribución se haga no solo con base en la cantidad poblacional, sino que se consideren también el tamaño del territorio y los indicadores de pobreza. “Eso se ha incorporado. Además, se ha propuesto que las gobernaciones seamos beneficiarios de los recursos de coparticipación tributaria, (algo) que hoy no sucede”, añade en declaraciones a Péndulo Político.
Las gobernaciones actualmente no reciben recursos de coparticipación tributaria, como sí lo hacen las alcaldías y las universidades.
“El 20% se distribuye a los municipios y el 5% a las universidades, y el resto se va al nivel central; también a los pueblos indígenas. Y ahora hemos propuesto que los gobiernos municipales sigan con el 20% y que nos concluyan a nosotros (las gobernaciones) con el 15%. Es decir, el que tendría que reducir es el nivel central”, detalla Melendres.
Otro de los cambios y propuestas que ya tiene consenso entre los gobernadores es que el Gobierno asuma plenamente los gastos de sus competencias. “Que no nos las deleguen. Lo que han hecho es transferir sus competencias a través de leyes y decretos; por ejemplo, el tema de los prediarios: siempre los pagó el Ministerio de Gobierno, pero por decreto asumimos las gobernaciones. Después, el tema de la Renta Dignidad: siempre lo asumió el Gobierno; ahora, lo asumimos nosotros. Y hay el tema de títulos de bachiller: lo asumía el Ministerio de Educación y ahora, nosotros. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que asuma a plenitud sus competencias”.
Esto, según Melendres, supondrá un ahorro de alrededor de 30% en los gastos de las gobernaciones.
Agrega que, si no se cambia la estructura de los presupuestos y la asignación de recursos de las gobernaciones, estas corren el riesgo de convertirse en entidades meramente administrativas, sin capacidad de destinar recursos para gastos de inversión.
El secretario Administrativo y Financiero de la Gobernación de Potosí, Efraín Alavia, dice que “necesitamos recursos en todos los gobiernos departamentales para atender los proyectos de inversión y las diferentes obligaciones que el Gobierno central nos ha delegado”.
En el caso concreto de Potosí, señala que hay preocupación por los ingresos provenientes de las regalías mineras. “Queremos ver que se puedan ajustar y sean más favorable para el departamento y para los lugares donde se realiza la explotación”, indica.
Aunque todavía no hay consenso sobre el tema, en Potosí consideran que es necesario subir los porcentajes que recibe el departamento por la explotación de minerales. “Las regalías mineras no son suficientes por la extensa geografía (del departamento), tenemos necesidades básicas que todavía no se han cubierto”, apunta Alavia.
Añade que Potosí también pidió al encuentro de gobernadores de Sucre que se incluya este punto en el debate con el Gobierno, además de una ley para la explotación del litio, que “debe beneficiar tanto a Bolivia como a la zona productora”.
Con relación a la redistribución de recursos, dice que Potosí respalda la propuesta de que esta se haga con base no solo en el tamaño de la población, sino también en índices de desarrollo económico y social: “Deben considerarse índices de desarrollo y hablarse de programas nacionales de desarrollo, que no se pueden atender con recursos departamentales, menos municipales”.
Potosí propone que se creen programas nacionales de desarrollo destinados a las zonas más pobres del país, como, en su caso, las fronterizas con Chile. Sostiene que esos programas deben ser financiados por el Gobierno y no por las gobernaciones.
Sobre los recursos de coparticipación, Alavia señala que Potosí está a favor y que la Gobernación también exige que se cambien los actuales porcentajes de distribución de recursos. Si bien la entidad aún no tiene una propuesta cerrada en su caso –falta consensuarla con la sociedad potosina–, Alavia adelanta que, personalmente, cree que las gobernaciones deberían administrar el 40% de los recursos del Estado y el resto, el Gobierno central.
También se tendrá que ver alternativas, fondos solidarios de compensación, para coadyuvar al desarrollo de las regiones menos favorecidas, agrega, antes de indicar que hay unanimidad entre las gobernaciones en que ya no deben atender las competencias nacionales que les transfirieron.
DEPENDENCIA
Todas las gobernaciones dependen en gran medida de los ingresos por la exploración de recursos naturales.
En el caso de Chuquisaca, las regalías provenientes de los hidrocarburos y los minerales representan el 60,2% del total de su presupuesto de este año –que alcanza a Bs 297,8 millones–, sin contar los gastos para recursos específicos –que suman Bs 349 millones–.
En cuanto a Potosí, las regalías provenientes de los minerales suponen el 75,3% del total del presupuesto asignado para este año (Bs 942 millones), sin contar los gastos para recursos específicos (Bs 341,6 millones).
La agenda de 10 puntos de las gobernaciones
Excluir los gastos forzados correspondientes al nivel central del Estado, que fueron impuestos a los Gobiernos Departamentales fuera del catálogo competencial.
Incorporar a las Gobernaciones en la distribución estratégica de recursos de Coparticipación Tributaria.
Adecuar y actualizar la normativa vigente, para mejorar la gestión administrativa y financiera en las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales (Ley SAFCO, Ley del Oro, Ley de Hidrocarburos y otras).
Aplicar a plenitud la economía plural, establecida en la CPE, referente a las alianzas público-privadas, contratación con financiamiento del proponente y concesiones.
Ampliar el alcance, la vigencia, el diferimiento y la reprogramación de las deudas: FARIP y otras.
Devolución de los recursos invertidos por las Gobernaciones en obras, obligaciones y competencias correspondientes al nivel central del Estado.
Gestión directa de las Gobernaciones de recursos de donación, provenientes de la cooperación internacional.
Crear Fondos concursables a fondo perdido para inversión productiva.
Modificar y ajustar el alcance de la distribución competencial, que permita una planificación territorial eficiente (salud, educación, transporte y otros).
Devolución del 12% de los recursos retenidos para exploración de Hidrocarburos y de los Fondos no pagados del IEHD.
El Pacto Fiscal para Chuquisaca
Mirko Gardilcic
Economista
La clase política decidió cambiar el denominativo de “pacto fiscal” a “acuerdo fiscal”; en definitiva, viene a ser lo mismo. Lo importante es que debe estar orientado a contar con políticas de Estado que concurran a dinamizar el crecimiento, promover la productividad y fomentar una mayor articulación territorial, además de impulsar mejores condiciones de empleo y de institucionalidad laboral. Pero, lo que faltó esclarecer es que eso podrá ser viable siempre y cuando todas las regiones y sus pobladores se encuentren en igualdad de condiciones.
En el caso de Chuquisaca, a diferencia de otros departamentos, dicha problemática se acentúa a un grado tal que se constituye en un elemento estructural, requiriendo un mecanismo de solución en forma previa al tratamiento de cualquier alternativa propuesta.
Por el “Plan de Desarrollo Económico 2016 – 2020”, se consignó la construcción de una red de caminera a nivel nacional de 4.806 kms ($us 11.687 millones), destinando para Chuquisaca únicamente 110 kms (2%), El Santo – Monteagudo, de los cuales no se ejecutó nada. Para la construcción, ampliación y refacción de aeropuertos ($us 1.300 millones), de 19 proyectos, apenas 1 se ubicó en Chuquisaca (Culpina), sin ejecución alguna. En resumen, de todo lo programado para este departamento se llega apenas a un 2,2% que, en justicia y equidad, debiera por lo menos haber llegado al doble (5,5%), en consideración a criterios referidos a la participación poblacional (5,78%) y territorial (4,91 %). Pero, lo peor sucede al comparar por el porcentaje ejecutado hasta la fecha: se reduce a menos del 1%.
A nivel nacional, algunos departamentos empezaron su tratamiento con anticipación; Santa Cruz contaba con una propuesta completa en 2016. Al contrario, posiblemente los más afectados pareciera que le restaron importancia o, en algunos casos, se adhirieron a la propuesta cruceña.
En Chuquisaca se conformó un “Consejo Departamental” dirigido por la Gobernación; estaba encargado de elaborar una propuesta, y es aquí donde se presenta la dicotomía, por cuanto pareciera que pretenden proponer una metodología que implica “hacer borrón y cuenta nueva”, soslayando las desigualdades del pasado inmediato que mantendrán a Chuquisaca como “vagón de cola”, fuere cual fuere la propuesta más ingeniosa y apropiada que pudiese desarrollarse.
Partiendo de la propuesta cruceña, que entre otros aspectos comprende una nueva redistribución de los recursos de coparticipación en: 50% para los gobiernos subnacionales (gobernaciones, municipios y universidades) y el restante 50% para el Gobierno central, que en base a estimaciones implica que el más favorecido resultaría ser Cochabamba (242%) y el menos favorecido Tarija (124%), debido a la participación igualitaria. En el caso de Santa Cruz (297%) y Chuquisaca (256%), se encuentran por encima de la media. De forma tal que ningún departamento se viese afectado.
Por esto se podría asumir como conveniente y válida, siempre y cuando se incorpore la creación de un “Fondo de Compensación” para los departamentos más afectados (posiblemente Chuquisaca y Potosí), consistente en asignar un 5% de recursos provenientes del 3% del Gobierno central y 2% de los gobiernos subnacionales, por un período perentorio (mediano plazo), hasta alcanzar una situación igual a la media nacional, para posteriormente regirse por el procedimiento normal.
Es posible colegir que, desde la óptica de los intereses de Chuquisaca, sería conveniente adherirse a la propuesta de Santa Cruz, pero imprescindiblemente una vez reconocido y aceptado el compromiso de recomponer las desigualdades a través del Fondo Compensatorio propuesto –que de acuerdo a cálculos conservadores llegaría a generar de 2.500 a 3.000 millones de Bs/año–. Los departamentos beneficiados con ese fondo podrán ser calificados desde dos visiones metodológicas: el coeficiente de Gini (G), que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región, complementado con el Índice del Desarrollo Humano ajustado por desigualdad (IDHAD), que considera para su cálculo las dimensiones de salud, educación e ingresos (midiendo la duración y calidad de vida, el nivel de conocimientos y una vida digna).
Es menester recalcar que esta será la última oportunidad e instancia oficial para tratar de revindicar los derechos y por ende el futuro de Chuquisaca que, por desidia de sus autoridades y escaso compromiso de sus pobladores, permitió llegar a este preocupante grado de retroceso.
Qué hacer luego del Censo
Oscar Fernando Montero Ipiña
Economista
Luego del Censo de Población y Vivienda del 2024, los departamentos del sur de Bolivia deberían considerar varias acciones estratégicas para aprovechar con ventaja los datos obtenidos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siempre tratando de acortar las brechas de desarrollo que fueron generadas por los diversos gobiernos que solo alimentaron al centralismo. Algunas de las acciones prioritarias podrían ser:
Análisis y difusión de datos.- Analizar los resultados del censo para comprender mejor las necesidades y características de la población de todos los departamentos del sur de Bolivia. Difundir esta información a las autoridades, organizaciones y ciudadanos en general para generar conciencia y fomentar una toma de decisiones informada.
Planificación urbana y rural ampliamente participativa.- Utilizar los datos del censo para replantear el proceso de formulación de planes de desarrollo en todos los niveles, de manera que sea posible ajustar las asignaciones de recursos en general hacia las grandes prioridades que cada región defina. La participación ciudadana es la clave para garantizar el proceso de desarrollo. En este punto, debe necesariamente incorporarse el desarrollo de mecanismos de compensación económica que incorporen variables de pobreza y marginalidad, para atenuar las nuevas disparidades regionales que se darán luego de conocer los resultados del Censo. Esto implica que necesitamos mecanismos que permitan una mejor distribución de los recursos nacionales en todo el territorio boliviano.
Redefinir las grandes políticas de desarrollo económico y social.- Identificar y desarrollar áreas y sectores con potencial de desarrollo económico verdadero y diseñar políticas para fomentar inversiones preferentemente privadas, que dinamicen la creación de empleo y den apoyo a pequeñas y medianas empresas en todo el sur de Bolivia. Necesitamos disminuir la pobreza y los altos índices de informalidad existentes. Resultará importante incorporar nuevas políticas de desarrollo urbano considerando la tendencia actual de la creciente urbanización ya constatada durante la última década.
Mejora en servicios de salud y educación.- Evaluar la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación actuales, y planificar todas las mejoras basadas en la densidad y características demográficas de la población, considerando la gran necesidad de incorporación de las nuevas tecnologías vigentes sobre todo de la inteligencia artificial. Este nuevo marco puede generar una identidad importante en la especialización del sur del país y así insertarse con mayor ventaja a las economías del eje central de Bolivia.
Desarrollo social y reducción de desigualdades.- Re priorizar la atención a grupos y sectores vulnerables tanto en área rural como urbana y diseñar programas específicos asociando recursos de los tres niveles de estado, para mejorar sus condiciones de vida, enfocándose en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Sostenibilidad y medio ambiente.- Implementar políticas y programas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales, conservación del medio ambiente y adaptación al cambio climático, basados en la distribución poblacional. La fuerza del sur puede ser clara en la lucha contra las arbitrariedades actuales en el manejo de los recursos naturales en general.
Fortalecimiento institucional.- En el proceso de postCenso, se debe capacitar a las autoridades públicas y privadas (locales y departamentales) para mejorar las capacidades institucionales en función a las nuevas políticas de desarrollo que puedan consensuarse.
Estas acciones entre otras, pueden ayudar a las regiones del sur de Bolivia a utilizar de manera óptima la información proporcionada por el censo de 2024, promoviendo un desarrollo real inclusivo y sostenible. Es tiempo de dejar el viejo esquema rentista que solo ha empobrecido a muchos departamentos de Bolivia. El verdadero desarrollo radica en la fuerza de sus pobladores. Imaginemos y soñemos con una región sur de Bolivia fuerte y unida.
Vía Correo del Sur