Las órdenes de aprehensión emitidas contra representantes sindicales y campesinos elevaron la tensión social en La Paz, donde sectores movilizados denuncian criminalización y persecución desde el aparato estatal.
La decisión del Ministerio Público de ordenar la aprehensión de dirigentes sindicales y sociales que lideran las protestas contra el Gobierno provocó una ola de rechazo en distintos sectores populares. Las medidas judiciales alcanzan al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; al senador suplente Nilton Condori; además de Davis Quispe, Juan Héctor Huacani, Justino Apaza y Winston Gemio Quispe, todos identificados como participantes de las movilizaciones que desde hace semanas presionan al Ejecutivo en las calles de La Paz y El Alto.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que las resoluciones fueron emitidas tras requerimientos policiales y denuncias impulsadas por el Ministerio de Gobierno. Las acusaciones incluyen delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo y atentados contra servicios públicos y medios de transporte.
La respuesta estatal fue interpretada por organizaciones sindicales y sectores campesinos como un intento de desarticular las protestas mediante procesos penales. En diferentes concentraciones, los movilizados señalaron que el Gobierno optó por la vía judicial después de no lograr contener las marchas ni alcanzar acuerdos con las organizaciones sociales.
Mario Argollo asumió un papel central durante las protestas encabezadas por la COB. Las medidas comenzaron con demandas económicas vinculadas al incremento salarial y la crisis del costo de vida, pero con el paso de los días se transformaron en una protesta política abierta contra el presidente Rodrigo Paz. La falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo terminó profundizando el conflicto y derivó en un pacto entre sindicatos, campesinos y sectores vecinales para radicalizar las medidas de presión.
Las calles del centro paceño se convirtieron nuevamente en escenario de enfrentamientos luego de que miles de manifestantes intentaran aproximarse a la plaza Murillo. La Policía respondió utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los sectores movilizados, entre ellos ponchos rojos, maestros rurales, organizaciones alteñas y grupos afines al evismo que llegaron a la sede de Gobierno tras una caminata de varios días.
En medio de la tensión, la orden de aprehensión contra Nilton Condori también generó repercusiones políticas. El senador suplente de Alianza Unidad participaba activamente de las protestas y respaldaba públicamente las demandas de los sectores movilizados. Junto a él quedaron incluidos dirigentes campesinos y vecinales con fuerte presencia en El Alto y provincias paceñas.
FISCALÍA Y POLICÍA VAN CONTRA DIRIGENTES QUE ENCABEZAN LAS PROTESTAS
