Las protestas se expandieron por carreteras troncales y rutas regionales mientras organizaciones sociales denuncian hambre, falta de combustibles, represión policial y abandono estatal frente a la crisis que atraviesan las familias bolivianas.
El conflicto social volvió a golpear con fuerza a Bolivia. Las carreteras amanecieron bloqueadas en distintos departamentos después de que organizaciones campesinas, indígenas y sindicales decidieran radicalizar sus medidas de presión contra el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, acusado por sectores movilizados de no atender la crisis económica ni escuchar las demandas populares.
La protesta creció rápidamente desde las provincias hacia rutas nacionales e internacionales. En Chuquisaca, la Central Provincial de Zudañez Primera confirmó el cierre indefinido del sector Qhepu Pampa, sobre la diagonal Jaime Mendoza, denunciando que las políticas gubernamentales “castigan al pueblo trabajador” mientras aumentan los precios y desaparecen productos esenciales.
La tensión también se instaló en Cochabamba. Organizaciones de la provincia Carrasco iniciaron bloqueos sobre la carretera antigua hacia Santa Cruz por convocatoria de sectores afiliados a la CSUTC y la COB. En otros puntos del departamento, comunarios y vecinos levantaron barricadas con piedras y tierra para impedir el paso vehicular.
En el cruce Vacas-Cochabamba, considerado uno de los puntos más sensibles de las movilizaciones, decenas de familias permanecieron durante horas en vigilia bajo temperaturas bajas y largas jornadas de protesta. Los movilizados aseguraron que la situación económica se volvió insostenible y que el gobierno “solo aparece para enviar policías”.
Las medidas también se endurecieron en Potosí. La FSUTCOQP y la FSUMCOQP “Bartolina Sisa” declararon bloqueo indefinido de caminos en respaldo a las protestas nacionales. Las organizaciones denunciaron que la falta de combustibles está afectando la producción agrícola, el transporte y el abastecimiento de alimentos en distintas comunidades.
En Oruro, trabajadores campesinos confirmaron bloqueos desde el martes 19 de mayo, mientras en Totora Marka se realizó una Asamblea de Emergencia que reunió a autoridades originarias, transportistas, sindicatos, juntas vecinales y organizaciones territoriales.
La resolución aprobada en esa reunión advirtió sobre el deterioro económico que viven miles de familias por la escasez de dólares, el incremento del costo de vida y la falta de respuestas estatales. Los participantes resolvieron sumarse al bloqueo nacional de caminos impulsado por organizaciones matrices y participar de las movilizaciones en la carretera internacional Patacamaya-Tambo Quemado.
Las organizaciones también expresaron rechazo al proyecto de Ley “Antibloqueo”, señalando que pretende limitar el derecho a la protesta social y criminalizar las movilizaciones populares. Para los sectores movilizados, el gobierno intenta enfrentar con gasificaciones y operativos policiales un conflicto que nació de la crisis económica y el descontento ciudadano.
La comunidad Pocota-Achica Arriba denunció intervenciones policiales en puntos de bloqueo y cuestionó el uso de agentes químicos contra manifestantes. Los pobladores reclamaron la renuncia del mandatario y acusaron al Ejecutivo de responder con represión antes que con soluciones.
Mientras las rutas continúan cerradas y crece el número de sectores movilizados, la denominada “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia” avanza rumbo a la sede de gobierno acompañada por organizaciones sociales que aseguran que las protestas no se levantarán hasta obtener respuestas reales frente a la crisis que golpea a la población.
BOLIVIA QUEDA PARALIZADA POR BLOQUEOS Y CRECE EL RECHAZO A PAZ
