El Gobierno respondió con molestia a las declaraciones de Gustavo Petro sobre Bolivia, pero evitó cuestionar comunicados internacionales que apoyan abiertamente al presidente Rodrigo Paz y sus operativos de control.
La Cancillería boliviana quedó nuevamente expuesta a críticas por su reacción selectiva frente a los pronunciamientos internacionales sobre la crisis que atraviesa el país. Mientras el Gobierno decidió responder con un duro comunicado al presidente colombiano, Gustavo Petro, guardó silencio frente a mensajes externos que respaldan políticamente al presidente Rodrigo Paz y las medidas aplicadas para contener las protestas y bloqueos.
La posición oficial surgió después de que Petro afirmara que Bolivia vive una “insurrección popular” y planteara la posibilidad de colaborar en la construcción de mecanismos pacíficos de solución al conflicto político. El mandatario colombiano también pidió evitar persecuciones y sostuvo que los problemas internos deben resolverse respetando principios democráticos.
Horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un pronunciamiento en el que calificó las declaraciones como improcedentes. La Cancillería aseguró que las expresiones del presidente colombiano no reflejan la relación histórica entre ambos países y advirtió que opiniones externas podrían profundizar la confrontación interna.
El comunicado insistió en el principio de no injerencia y recordó que la situación boliviana debe ser resuelta exclusivamente por los propios bolivianos, mediante diálogo y mecanismos constitucionales. Sin embargo, esa línea diplomática no fue aplicada de la misma manera frente a otros actores internacionales.
La Embajada de Estados Unidos en Bolivia difundió un mensaje respaldando al Gobierno de Paz y rechazando las acciones destinadas a “desestabilizar” su administración. Además, expresó apoyo a los operativos desplegados para recuperar el tránsito de combustibles, medicamentos y alimentos en medio de los bloqueos instalados en distintas carreteras del país.
Pese a tratarse de una postura directa sobre la crisis política boliviana, la Cancillería no emitió ningún reclamo ni hizo referencia al principio de no intervención. Esa diferencia de trato provocó cuestionamientos sobre el manejo político de la diplomacia estatal y sobre la aparente tolerancia hacia pronunciamientos favorables al oficialismo.
La crisis social se intensificó durante los últimos días con movilizaciones, cierres de rutas y protestas impulsadas por organizaciones sociales y sectores vinculados a la Central Obrera Boliviana. Las manifestaciones exigen la renuncia del mandatario y denuncian una creciente crisis económica y política.
Para intentar restablecer el abastecimiento, el Gobierno desplegó a más de 3.500 policías y militares en el operativo denominado “Corredor Humanitario”. Las acciones se concentraron principalmente en accesos a La Paz y El Alto, donde persistían bloqueos y enfrentamientos.
Aunque las autoridades lograron habilitar temporalmente algunas vías estratégicas, los puntos de protesta volvieron a instalarse pocas horas después del repliegue de los uniformados. La tensión continúa creciendo mientras persisten las denuncias cruzadas entre el oficialismo y sectores movilizados.
En medio del conflicto, el expresidente Evo Morales agradeció públicamente a Petro por comprender “el verdadero proceso” que vive Bolivia y valorar una salida pacífica al conflicto.