El Ministerio Público sostiene que hubo un incremento patrimonial sin explicación lógica y un proceso exprés para asegurar la millonaria compra del predio Adán y Eva.
El caso que hoy compromete al hijo del expresidente Luis Arce avanza con más certezas que dudas. Rafael Ernesto Arce Mosqueira enfrenta una investigación que apunta directamente a su rápido ascenso económico en los últimos años y al modo repentino en que accedió a tierras valoradas en millones. Para la Fiscalía, su patrimonio no calza con su realidad financiera y detrás de esa contradicción existe un conjunto de irregularidades que deben ventilarse ante la justicia.
Las autoridades del Ministerio Público confirmaron que a lo largo de esta pesquisa lograron reunir 133 elementos que sustentan la imputación formal ya presentada. Estos documentos y registros bancarios muestran que hasta 2016 el acusado tenía ingresos reducidos, cercanos a mil bolivianos. Nada hacía prever un salto financiero tan abrupto como el que luego se registró. En solo algunos años, los depósitos en sus cuentas reflejaron montos que oscilaron entre tres y cuatro millones de bolivianos.
Ese salto resulta imposible de justificar con las actividades declaradas por Arce Mosqueira, sostienen los fiscales asignados. Y es precisamente ese rastro financiero el que llamó la atención, porque todo coincide con la gigantesca compra del predio Adán y Eva realizada en 2021.
Se trata de un terreno de 2.807 hectáreas ubicado en Santa Cruz, perteneciente a Ricardo Moreno Velasco y Ana María Vanegas. La transferencia del 11 de noviembre de aquel año fue registrada por la suma de 3.055.485 dólares, una cifra que la Fiscalía considera fuera de toda posibilidad real para un ciudadano que, en esa época, ni siquiera había cumplido 25 años.
Pero la falta de liquidez comprobable no es la única señal de alerta. También se detectaron omisiones en los requisitos que exige la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para autorizar operaciones de este tipo. Informes internos revelan que no existía un plan de uso de suelos claro, documento clave para determinar si la propiedad tendría uso agrícola, forestal o cualquier otra finalidad. Sin ese respaldo técnico, cualquier trámite debería haberse detenido. Sin embargo, ocurrió lo contrario.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, indicó que los procedimientos administrativos que inicialmente fueron observados terminaron siendo corregidos y aprobados con una velocidad que rompe con todos los tiempos habituales. El entonces director departamental de la ABT en Santa Cruz, Luis Roberto Flores Orellana, es mencionado como responsable de haber pasado por alto etapas esenciales para validar la compra.
Para la Fiscalía, esta “agilidad” no es coincidencia. La consideran una pieza más dentro de un engranaje destinado a facilitar una adquisición millonaria sin explicación patrimonial. Por ello, Flores Orellana y otras personas ahora forman parte del proceso penal.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se solicitó seis meses de detención preventiva para Arce Mosqueira, decisión que deberá ser valorada por un juez en los próximos días. El delito imputado es enriquecimiento de particulares con afectación al Estado, figura que incluye la obligación de demostrar la procedencia y legalidad de todos los recursos involucrados.
Cada evidencia añadida amplía las sospechas y cierra posibles vías de justificación. Ya no se trata solo de un cambio repentino en los ingresos de una persona joven, sino de una operación que, según el Ministerio Público, habría contado con respaldo institucional para ejecutarse en condiciones inadmisibles.