La salida forzada de comunicadores se ha vuelto constante, mientras el gremio periodístico enfrenta presiones crecientes y la Asociación de Periodistas de El Salvador decide trasladarse al exilio.
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Con datos y textos de los periodistas Salomón Manzanares y Bryan Avelar
El Salvador atraviesa uno de los periodos más complejos para el ejercicio periodístico desde el final de la guerra civil. Bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, el país ha experimentado una reducción significativa en los índices de violencia vinculada a pandillas, pero este logro ha estado acompañado de un incremento en prácticas de persecución y silenciamiento contra voces críticas, especialmente dentro del periodismo independiente. De acuerdo con reportes recopilados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el desplazamiento forzoso hacia el exilio se ha convertido en una realidad cotidiana, al punto que en mayo y junio de 2024, un periodista abandonó el país prácticamente cada día para resguardar su integridad física.
El fenómeno ha sido documentado por medios nacionales e internacionales, así como por los periodistas Salomón Manzanares y Bryan Avelar, quienes han investigado las circunstancias que rodean el exilio, los mecanismos de presión estatal y el progresivo deterioro de las garantías para la libertad de expresión. Ambos trabajos periodísticos coinciden en un elemento fundamental: el miedo se ha instalado como un condicionante permanente en las salas de redacción, en las entrevistas, en la cobertura de protestas y en la búsqueda de fuentes.
Un país con un relato oficial dominante
Desde su llegada al poder, Bukele ha construido una narrativa política basada en la promesa de devolver la seguridad y el control territorial al Estado salvadoreño. El régimen de excepción, aplicado inicialmente como una respuesta de urgencia frente a un repunte de homicidios, se ha extendido por más de tres años consecutivos, permitiendo detenciones sin orden judicial y reduciendo garantías procesales. Esta medida ha sido presentada por el gobierno como una victoria histórica contra la criminalidad.
Sin embargo, como explica el periodista Víctor Peña, entrevistado por Manzanares desde el exilio, la estabilidad aparente en términos de seguridad ha sido acompañada por un proceso paralelo: la consolidación de un modelo de control de la información pública. Peña afirma que el periodismo que investiga actos de corrupción, decisiones administrativas cuestionables o eventuales negociaciones entre el gobierno y pandillas ha sido señalado directamente desde las plataformas oficiales como enemigo del Estado. “El régimen ha sido más feroz con sus ataques hacia quienes denuncian las anomalías del gobierno y sus funcionarios”, sostiene.
El señalamiento público no es menor en un contexto donde la opinión política en redes sociales se ha convertido en herramienta de presión. La estigmatización desde cuentas estatales o personas afines al gobierno provoca, en muchos casos, campañas digitales agresivas que buscan desacreditar al periodista, presionar a sus familias y generar un clima de hostilidad suficiente para empujar al silencio.
El exilio como mecanismo de supervivencia
La salida del país se ha convertido en un recurso de protección. Según cifras de la APES citadas en el trabajo de Bryan Avelar, 31 de los 43 periodistas exiliados en 2024 salieron solo entre mayo y junio, lo que configura la tendencia diaria de desplazamiento. Las razones no se limitan únicamente a amenazas directas, sino también a la suma de hostigamientos menores que, combinados, establecen condiciones insostenibles para continuar trabajando.
Entre los motivos identificados se encuentran:
- vigilancia física o digital,
- citaciones judiciales sin fundamento claro,
- trabas administrativas para la renovación de documentos profesionales,
- presiones económicas sobre medios,
- campañas de desprestigio y criminalización,
- preocupaciones por la seguridad de familiares cercanos.
El éxodo ha afectado particularmente a periodistas con más de una década de experiencia, lo que significa una pérdida significativa de conocimiento institucional y memoria crítica. Muchos de estos comunicadores continúan trabajando desde el extranjero, pero su capacidad para acceder a fuentes dentro del país se ve limitada por la vigilancia y el temor que también afecta a la ciudadanía y funcionarios que podrían brindar información.
APES, un gremio también forzado a abandonar el país
La situación se volvió aún más grave cuando la Asociación de Periodistas de El Salvador, fundada en 1936 y considerada históricamente el principal órgano de defensa de la prensa salvadoreña, anunció su decisión de trasladar su personería jurídica fuera del país. La medida fue descrita por su presidente, Sergio Arauz, como una acción forzada por el creciente hostigamiento estatal, particularmente tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.
Dicha ley impone restricciones financieras y administrativas a organizaciones que reciben fondos internacionales, otorgando al gobierno la capacidad de intervenir sus actividades e incluso congelar parte de sus recursos. Arauz explicó que, en la práctica, la normativa buscaba condicionar el trabajo de observación y denuncia que realiza el gremio. Ante este escenario, la asociación decidió mantener su labor, pero desde el exilio, para asegurar protección a quienes aún permanecen en el país.
“Todos los colegas trabajan con una espada de Damocles invisible”, describió Arauz. Según dijo, cada reportero debe medir sus palabras, evaluar riesgos y considerar que cualquier publicación puede derivar en una respuesta estatal proporcionalmente severa.
Impactos visibles e invisibles
La salida masiva de periodistas ha dejado efectos visibles en el sistema de medios salvadoreño. Se han reducido las investigaciones de largo aliento y las coberturas sobre corrupción estatal. La autocensura se ha vuelto un mecanismo de defensa. Muchos medios optan por limitar el tipo de información que publican, o bien definen su trabajo desde el extranjero, lo que dificulta la cobertura territorial.
No obstante, el impacto más profundo es de carácter social. Una ciudadanía informada depende de una prensa libre y capaz de contrastar la información oficial. La ausencia o debilitamiento de esa capacidad abre la puerta a la consolidación de una sola narrativa estatal, lo cual modifica la relación entre gobierno y sociedad y condiciona la capacidad del país para debatir públicamente asuntos públicos de interés.
Periodismo en resistencia
A pesar de la adversidad, periodistas y organizaciones continúan trabajando para sostener redes de protección y espacios de publicación. Manzanares y Avelar destacan que, desde el exilio, se han construido nuevas estructuras de colaboración regional, permitiendo que investigaciones continúen y que las denuncias sigan siendo parte de la conversación pública internacional.
Peña, desde su condición de exiliado, lo resume de manera clara: “Aunque nos persigan y desacrediten, seguiremos investigando”.
El desafío para los comunicadores salvadoreños no solo consiste en documentar hechos, sino en hacerlo en un contexto donde informar puede ser interpretado como un acto de oposición política. El régimen de excepción, inicialmente planteado como un mecanismo de seguridad, se ha convertido en una herramienta determinante para silenciar voces disidentes.