La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos informó que el exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, tendría fecha de liberación prevista para el 21 de julio de este año, aunque advirtió que estos registros podrían no estar actualizados.
En su portal web, la institución aclara que «si un recluso aparece como ‘Liberado’ o ‘Fuera de Custodia’, pero no se especifica su ubicación, significa que ya no está bajo responsabilidad de esta oficina, aunque podría seguir bajo supervisión de otra entidad judicial o en libertad condicional».
Además, recomienda verificar periódicamente si hay cambios en su estatus.
Murillo, identificado con el número de registro 02358-506 y recluido en el Miami FDC, fue sentenciado en enero de 2023 a 70 meses de prisión (5 años y 10 meses) tras declararse culpable en octubre de 2022 por soborno y lavado de dinero.
Según las autoridades estadounidenses, el exfuncionario conspiró para ocultar pagos ilícitos recibidos a cambio de favorecer a una empresa en la adjudicación de un contrato millonario con el Estado boliviano.
El caso: Sobrecosto en compra de gases lacrimógenos
El escándalo se remonta a 2019, cuando Murillo, entonces ministro de Jeanine Áñez, gestionó junto al exministro de Defensa, Luis Fernando López, la adquisición de material antidisturbios a través de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS).
Bolivia pagó 5,6millones de dólares por el lote, pero investigaciones revelaron un sobreprecio de 2,3 millones, destinados a cuentas en EE.UU. sin declarar.
Parte de esos fondos fueron transferidos a cuentas de los implicados, entre ellos Philip Lichtenfeld, Bryan y Luis Berkman, y Sergio Méndez Mendizábal, todos condenados.
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, calificó el grupo como un «clan mafioso».
Temor a la extradición
La defensa de Murillo insiste en que su procesamiento fue por «persecución política», pese a su confesión.
Ahora, se espera que, tras su posible liberación, enfrente un pedido de extradición a Bolivia, donde se investiga su participación en el caso.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses mantienen en suspenso su situación legal, dejando abierta la posibilidad de que continúe bajo vigilancia incluso después de cumplir su condena.