A una semana de las elecciones, Evo Morales confirma que no participará. Sus seguidores anuncian resistencia contra el futuro gobierno y denuncian un proceso electoral diseñado para excluirlo de la contienda presidencial.
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En un clima político que roza el punto de ebullición, y a tan solo seis días de las elecciones nacionales, Evo Morales rompió el silencio que mantenía desde hace semanas. Con una voz que mezclaba resignación y desafío, el exmandatario confirmó que no estará en la papeleta presidencial del próximo 17 de agosto.
La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, muchos de los cuales aún mantenían la esperanza de una inscripción de último minuto. Morales aseguró que se agotaron todas las vías legales y políticas para lograr su habilitación, pero que el escenario estaba cerrado.
Desde la tarima improvisada en un acto de su agrupación Evo es Pueblo, el vocero Omar Ramírez no ahorró calificativos: “Estas elecciones fraudulentas, ilegales e inconstitucionales están hechas para que la derecha gane. Luis Arce no ha permitido que Evo Morales esté en la papeleta. Pido a mis hermanos atrincherarse en cada región para enfrentar al próximo gobierno, que será de la derecha boliviana. No le tenemos miedo”.
Ramírez relató que, durante semanas, se intentó encontrar un partido dispuesto a postular a Morales como candidato presidencial. Entre las cartas sobre la mesa estuvieron nombres como Eva Copa y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), pero, según sus palabras, las amenazas desde el gobierno central fueron decisivas para frenar cualquier apoyo. PAN-BOL y Frente para la Victoria (FPV) ya habían corrido la misma suerte de exclusión, un precedente que desalentó alianzas.
La denuncia central del evismo es que el presidente Luis Arce, junto al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional, habría articulado un cerco institucional para impedir la participación de Morales. “No es solo una exclusión política, es un atentado contra la voluntad popular”, recalcó Ramírez, recibiendo aplausos y gritos de respaldo.
En las filas más cercanas al exmandatario, el anuncio no fue sinónimo de retirada. Al contrario, se interpretó como una señal para reorganizarse en la oposición. Dirigentes de movimientos sociales y sindicatos afines ratificaron su lealtad a Morales y advirtieron que, si el próximo gobierno es de “derecha”, habrá una respuesta inmediata en las calles.
El calendario de protesta ya tiene fecha: el 8 de noviembre, día previsto para la posesión presidencial. Ese sería el punto de partida de una serie de movilizaciones cuyo objetivo, según los voceros, sería “derrocar a un gobierno ilegítimo”.
La tensión se siente no solo en los discursos, sino también en las conversaciones a puertas cerradas. Algunos militantes hablan de bloqueos carreteros, otros de huelgas indefinidas. La palabra “resistencia” empieza a convertirse en lema y estrategia.
En medio de este escenario polarizado, el país se encamina hacia unas elecciones que, de antemano, parecen destinadas a profundizar las fracturas políticas. Mientras el oficialismo defiende el proceso como legítimo y transparente, el evismo insiste en que se trata de un montaje para consolidar el poder del actual presidente y su círculo cercano.