Las reformas impulsadas por el presidente salvadoreño profundizan la indefinición jurídica de casi 90.000 detenidos bajo el régimen de excepción, que hoy viven entre la incertidumbre, el silencio judicial y las cárceles saturadas.
Con datos de EL PAÍS de España
El Salvador atraviesa uno de los momentos más tensos y contradictorios de su historia reciente. El 1 de junio, durante el inicio de su séptimo año de mandato, Nayib Bukele proclamó ante la Asamblea Legislativa una promesa tan tajante como inquietante: “No los vamos a liberar ya, ni nunca”. Se refería a las casi 90.000 personas capturadas desde marzo de 2022 en el marco del régimen de excepción, la medida que ha redefinido el sistema judicial, policial y penitenciario salvadoreño.
Dos meses y medio después de aquella frase, el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado que amplían de forma drástica los plazos de detención y procesamiento judicial. Estas modificaciones permiten que una persona pueda permanecer hasta siete años en prisión preventiva antes de conocer un veredicto, incluso si es inocente.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, celebró las reformas como un “hito procesal” que, según él, corrige los “errores del garantismo judicial” y evita que los jueces liberen a detenidos por falta de pruebas. El mensaje político fue claro: en El Salvador, el poder ejecutivo ha convertido la excepcionalidad en norma.
UNA JUSTICIA A MEDIDA DE UN PROYECTO POLÍTICO
El viraje no comenzó con las últimas reformas. Desde 2021, Bukele impulsó una reestructuración judicial que le permitió remover a los jueces mayores de 60 años y reemplazarlos con magistrados afines. En apenas meses, 168 nuevos jueces ocuparon los despachos de tribunales y cámaras. La purga judicial eliminó los pocos espacios de independencia que quedaban en el sistema.
En distintas intervenciones públicas, el presidente llegó a advertir que todo juez que no acatara los lineamientos del régimen podría “terminar en una celda junto a los delincuentes”. El mensaje surtió efecto. Hoy, la estructura judicial responde a la lógica del Ejecutivo: todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario.
El régimen de excepción —concebido en la Constitución salvadoreña como una medida temporal de 30 días— ha sido prorrogado 41 veces. En la práctica, El Salvador vive bajo un estado de suspensión permanente de derechos. Las reformas posteriores endurecieron penas, ampliaron los plazos procesales y autorizaron juicios colectivos con jueces anónimos, una figura inédita en la región.
Con la última ampliación, la Fiscalía podrá formalizar acusaciones hasta 2027, lo que significa que miles de personas permanecerán en prisión sin sentencia firme por más de cinco años. A esto se suman los juicios masivos, donde se agrupan cientos o miles de acusados bajo el argumento de pertenecer a una misma estructura criminal, sin diferenciar responsabilidades ni pruebas individuales.
VIDAS ATRAPADAS ENTRE CELDAS Y SILENCIOS
Detrás de las cifras hay historias que no entran en los informes oficiales. Jonatan, un joven mecánico de 28 años, fue arrestado durante la primera semana del régimen. Su madre, Ana, recuerda el momento con un temblor que todavía se le nota en la voz. “Mi hijo estaba almorzando en un comedor. Llegaron los policías, detuvieron a dos pandilleros que estaban ahí, pero también se llevaron a los mecánicos y al dueño del lugar”, cuenta.
Desde entonces, Jonatan permanece en prisión preventiva. Han pasado tres años y cinco meses. Ana calcula que ha gastado más de 6.000 dólares en alimentos, artículos de limpieza y abogados. Ninguno de ellos ha logrado acceder a un expediente judicial completo. “Lo único que sé es que está vivo”, dice por teléfono. “Me aferro a eso.”
Las organizaciones humanitarias han registrado más de 6.000 denuncias por detenciones arbitrarias, aunque admiten que el número real puede ser mucho mayor. Los testimonios recabados por Human Rights Watch confirman que, en los primeros meses del régimen, la Policía recibía “cuotas” diarias de capturas, lo que fomentó la fabricación de pruebas falsas y el uso de denuncias anónimas.
Según la organización Cristosal, mantener a una persona más de cinco años en detención provisional “es un plazo irracional e injustificable”. La falta de supervisión judicial imparcial y las trabas al derecho de defensa agravan la situación. “Estamos frente a un sistema penal diseñado para castigar sin probar”, advierte su directora jurídica, Zaira Navas.
CIFRAS QUE SE OCULTAN TRAS EL SILENCIO ESTATAL
El Gobierno ha clasificado toda la información sobre seguridad como “secreto de Estado”, lo que impide conocer datos oficiales sobre muertes, liberaciones o juicios. Aun así, el propio ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, admitió que unas 3.000 personas fueron liberadas de forma condicional. No significa libertad plena: sus procesos judiciales continúan abiertos, y la Fiscalía puede reactivarlos en cualquier momento.
De acuerdo con la organización Socorro Jurídico Humanitario, más de 400 personas han muerto en prisión desde que comenzó el régimen. La mayoría de los cuerpos fueron entregados con signos de violencia o negligencia médica. En otros casos, las familias ni siquiera han podido recuperar los restos.
La sobrepoblación carcelaria alcanza niveles históricos. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado como símbolo de la “mano dura” de Bukele, tiene capacidad para 40.000 reclusos, pero los reportes internos estiman que supera los 60.000. En sus pabellones, los presos pasan 23 horas al día encerrados. No hay audiencias públicas ni defensores oficiales suficientes.
Pese a las críticas, el Gobierno mantiene un férreo control del discurso. Los medios que intentan acceder a datos o testimonios de víctimas enfrentan obstáculos burocráticos, amenazas veladas o acusaciones de “defender delincuentes”. Este clima de autocensura ha erosionado el espacio de debate y ha consolidado la narrativa de que la seguridad justifica cualquier sacrificio.
EL COSTO SOCIAL DE LA SEGURIDAD TOTAL
Desde 2022, Bukele ha exhibido una reducción del 98% en los homicidios. Pero las organizaciones internacionales advierten que esas cifras, además de no verificables, esconden un costo humano altísimo: el 1,5% de la población adulta del país está encarcelada.
En junio pasado, el presidente compartió en su cuenta de X una imagen del villano de Marvel, Thanos, comparándose con él. “Reduje el crimen en un 98%”, se leía sobre el personaje. La ironía no pasó inadvertida: en la ficción, Thanos sacrifica a la mitad del universo para restaurar el equilibrio. En la realidad salvadoreña, la justicia parece avanzar hacia el sacrificio de inocentes.
Los barrios más pobres son los más golpeados por el miedo. Las detenciones arbitrarias han fragmentado comunidades enteras. Familias que antes celebraban juntas ahora viven en la sombra de la sospecha. “Aquí todos temen hablar”, dice Marisol, una vendedora de frutas en Soyapango. Su sobrino fue capturado hace dos años y no ha tenido audiencia. “Si preguntas por él, te dicen que te vas a meter en problemas.”
UNA PROMESA QUE NO ADMITE MARCHA ATRÁS
El discurso oficial sostiene que el régimen es el precio inevitable de la paz. La narrativa del “gobierno fuerte” domina la conversación pública, alimentada por la propaganda estatal y una maquinaria mediática que repite logros sin admitir grietas. Pero en los márgenes del país, miles de madres, hermanas e hijos esperan noticias de los suyos.
El régimen de excepción ha convertido a El Salvador en un laboratorio político: un modelo que redefine la seguridad desde la represión. Bukele ha prometido no liberar a los detenidos “ya ni nunca”. Sin embargo, la propia realidad lo contradice: la saturación carcelaria, las denuncias internacionales y la falta de pruebas obligan a liberar a algunos.
En el fondo, el país vive una paradoja. La violencia visible ha disminuido, pero la violencia institucional se ha multiplicado. La sociedad salvadoreña enfrenta un dilema que resume el costo del orden impuesto: ¿puede haber seguridad sin justicia?.
Así como Yajaira más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres, viajaron de madrugada y desde el interior del país para marchar de la Plaza Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial y entregar una carta con una petición de libertad para los detenidos injustificadamente durante el Estado de Excepción que está por cumplir cuatro meses y que según fuentes oficiales contabiliza, hasta el 18 de julio, 46, 694 personas detenidas.
La marcha terminó, como la mayoría de las que se dirigen a Casa Presidencial, con una barricada de Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC y un contingente de personas que recibieron permiso para poder entregar la carta en los portones de CAPRES. Minutos después, el Ministerio de Seguridad convocó a los medios de comunicación para dar cobertura a la petición a los diputados de la Asamblea Legislativa la extensión del Régimen de Excepción por parte del Gabinete de Seguridad.
