El Tribunal Anticorrupción de La Paz impuso penas de hasta ocho años de prisión y absolvió a otros cinco implicados en el caso que ocasionó un daño económico millonario al Estado.
El Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó sentencia contra dos exservidores públicos implicados en la compra irregular de 500 respiradores de origen chino durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, en 2020, bajo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
De acuerdo con el fallo, el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Juan Carlos Arraya Tejada, fue condenado a ocho años de cárcel, mientras que Eduardo Díaz Pizarro recibió una pena de dos años. Ambos fueron hallados responsables de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El caso, conocido como el de los “respiradores chinos”, también involucró a otros cinco exfuncionarios que resultaron absueltos: Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, expresó su conformidad con la sentencia, subrayando que esta marca el cierre de un proceso judicial iniciado hace casi cinco años. “Se ha emitido una sentencia condenatoria en contra de los principales acusados. El señor Arraya cumplirá ocho años de privación de libertad y Díaz dos años”, indicó.
Condori adelantó que, respecto a los absueltos, se interpondrá el recurso correspondiente. También destacó que la sentencia representa un avance en la lucha contra la corrupción, recordando que el Estado sufrió una pérdida superior a los 6 millones de dólares por la adquisición irregular.
En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó la acusación formal respaldada por 38 pruebas testificales y 53 documentales. Entre ellas figuraba un dictamen pericial de auditoría forense que reveló irregularidades en el proceso de compra, además de informes técnicos que confirmaron que los respiradores no cumplían con las especificaciones ofertadas.
Una pericia técnica determinó que los equipos no eran aptos para su uso en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ni para el tratamiento de pacientes críticos con Covid-19. Las conclusiones también evidenciaron deficiencias de diseño y funcionalidad que impedían su utilización segura en contextos hospitalarios de alta complejidad.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrián Barrientos, explicó en su momento que los respiradores fueron adquiridos a un precio unitario de 30.000 dólares, pese a que su valor en el mercado no superaba los 8.900 dólares. Esta diferencia configuró un presunto sobreprecio y un perjuicio económico significativo para el país.
El proceso judicial incluyó la revisión de contratos, órdenes de compra, dictámenes periciales y testimonios de funcionarios y técnicos involucrados en la adquisición. La investigación determinó que la negociación no solo vulneró normas administrativas, sino que también obvió procedimientos de control de calidad y verificación de especificaciones técnicas.