Un día determinante para la justicia boliviana: posesión de nueva presidenta, ruptura de la prórroga ilegal y órdenes de captura contra exmagistrados que se resistieron a dejar el cargo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vivió una jornada que quedará registrada como una de las más drásticas en su historia reciente. Con la elección de Paola Verónica Prudencio como presidenta y la activación de órdenes de aprehensión contra cuatro magistrados que prolongaron su permanencia en el poder, el sistema jurídico intentó recuperar un equilibrio que llevaba meses en riesgo. La legitimidad regresó a la cabeza del tribunal mientras la justicia cerraba el paso a quienes insistían en seguir gobernando sin mandato.
La Sala Plena convocó de emergencia a los magistrados reconocidos por la reciente renovación judicial. A puerta cerrada y en un ambiente cargado de presión política, se decidió que Prudencio ocuparía la presidencia del TCP. La magistrada ratificó que su gestión se centrará en restablecer la independencia institucional y erradicar cualquier sombra de manipulación. Se comprometió a reforzar la publicidad de los actos procesales, recuperar la confianza en el manejo de expedientes y someter a auditoría toda la estructura administrativa.
Las decisiones asumidas en esa reunión apuntan a un proceso de limpieza profunda: transmisiones públicas de sorteos de causas, unificación de criterios jurisprudenciales para evitar fallos contradictorios, reestructuración de personal mediante concursos transparentes y revisión estricta del presupuesto para eliminar privilegios. Incluso se ordenó desmontar el cerco de seguridad que rodeaba el edificio del TCP, como un gesto simbólico de apertura hacia la ciudadanía que reclama respuestas urgentes.
Mientras la nueva máxima autoridad se preparaba para asumir su cargo, otro hecho paralizó a la opinión pública. El juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, desde el municipio de La Guardia en Santa Cruz, ordenó la aprehensión inmediata de quienes insistieron en quedarse más allá de lo permitido: Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo. La quinta magistrada, Isidora Jiménez Castro, quedó fuera de la medida por su renuncia anticipada. Las alertas migratorias ya están activadas para garantizar que todos respondan ante la justicia.
El detonante judicial fue la acción popular presentada por el abogado Oliver Coronado, que acusó a los exmagistrados de usurpación de funciones y afectación directa a la seguridad jurídica del Estado. La Sala Constitucional Primera de Potosí validó esos argumentos, ordenó el cese inmediato y exigió que se informe al Ministerio Público para la apertura de una investigación penal. La advertencia se convirtió en acción firme cuando los policías recibieron la instrucción de ejecutar la detención.
La raíz del conflicto se remonta al 11 de diciembre de 2023, cuando el TCP autorizó una prórroga temporal ante la ausencia de elecciones judiciales. Sin embargo, una vez realizados los comicios, la legalidad de esa extensión desapareció por completo. Pese a ello, los prorrogados mantuvieron sus oficinas, secretarios y el poder de decidir sobre recursos constitucionales claves del país. La tensión se transformó en crisis cuando el propio TCP emitió un auto constitucional denunciando intentos de sometimiento político al tribunal y declarando concluida la prórroga.
El país entero miró la transición. La justicia dejó sin refugio a quienes creyeron que podían rebasar la Constitución sin consecuencias. Al mismo tiempo, la cadena institucional se reconfiguró con nuevos liderazgos que tienen el desafío de demostrar que el cambio no se quedará solo en titulares.
En su primera declaración pública como presidenta, Prudencio fue tajante: el TCP vuelve a ser protector del orden constitucional, no un escudo para intereses particulares.