Luego que la Sala Constitucional Primera de Cobija, determinará dejar sin efecto la actual preselección de candidatos para las elecciones judiciales, al dar curso a una Acción Popular, contra la Ley 1549, asambleístas de oficialismo y oposición señalaron que con esta determinación se “sepultó el proceso” y consumó el quebrantamiento del orden constitucional y democrático en el país.

El recurso en cuestión, argumenta que se vulneraron derechos relacionados a la igualdad de oportunidades para mujeres y representantes de pueblos indígenas originarios, por lo que, la determinación de la Sala Constitucional también dispuso realizar un nuevo proceso de preselección.

Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Pablo Arízaga, afirmó que la determinación de los vocales Jorge Luis Sotelo y Celsa Salazar es funcional a los intereses de mantener a las actuales cabezas de la justicia boliviana, afirmando que los prorrogados “son hormigas a lado de los alacranes” que decidieron abrogar la Ley 1549.

“Hasta aquí llegamos. Se acabó el proceso de elecciones judiciales. Un tal Sotelo y una excandidata a diputada por el Movimiento al Socialismo, han sepultado este proceso”, expresó Arízaga desde sus redes sociales.

Por su parte, el diputado paceño Carlos Alarcón, sostuvo que con esta determinación se consumó el quebrantamiento del orden constitucional y democrático en el país, además, responsabilizó al Gobierno por una nueva maniobra para mantener a los actuales administradores de justicia en sus cargos.

“Esto ha sido orquestado por Arce y su gobierno, a través de vocales de Pando que anulando la fase de preselección llevan las elecciones judiciales a fojas cero, con el objeto de que se queden en sus cargos los autoprórrogados”, indicó.
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, expresó su preocupación por la situación actual del proceso de preselección judicial, aseverando que si no se allana el camino, habrá responsabilidades por incumplir la Carta Magna.

“Tal parece que no sólo es intención sino una decisión de sabotear las elecciones judiciales. Lo advertimos desde un principio, están poniendo obstáculos que no han permitido el avance normal del proceso (…). Esperemos que se pueda rectificar, de lo contario, habrán responsables por el incumplimiento de la Constitución”, manifestó la autoridad legislativa.

Desde sus redes sociales, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, puntualizó que la finalidad de un recurso de Acción Popular es velar por intereses colectivos, en este caso la decisión es inaplicable, por lo que no puede detener la preselección en el Parlamento.

“El objeto de la acción popular protege intereses colectivos distintos a los vinculados a la elección judicial. La incompetencia de la Sala (Constitucional) y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión. La ALP debe avanzar en el proceso de selección”, expresó la exautoridad.

Según el portal Erbol, la Acción Popular fue presentada por la dirigente indígena y exdiputada del MAS, Yeni Duri, que no es parte del proceso, pero reclamó una supuesta “discriminación” en el caso de la postulante inhabilitada Mineya Lucindo.
El proceso de preselección se encontraba paralizado desde el 15 de abril, cuando las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural debían desarrollar la fase de exámenes orales de los 406 postulantes que quedaron hasta ese entonces.

Ayer, puntualizando que la prolongada paralización del proceso de preselección responde a factores externos, la senadora Silvia Salame, había destacado el trabajo de las Comisiones encargadas de este trabajo y rechazó todos los obstáculos e intereses que buscan el fracaso de los comicios judiciales.

Vía El Diario

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