El Decreto Supremo 5618 provocó rechazo entre asegurados y trabajadores que denuncian un beneficio político para cooperativas auríferas, en medio de una Caja Nacional de Salud golpeada por carencias y deudas crecientes.
EL GOBIERNO PERDONA MILLONES MIENTRAS LA CNS SE HUNDELa aprobación del Decreto Supremo 5618 volvió a colocar al Gobierno en el centro de las críticas tras oficializarse la eliminación de años de fiscalizaciones y procesos de cobro contra cooperativas auríferas observadas por millonarias obligaciones pendientes con la Caja Nacional de Salud (CNS). La medida alcanza a FERRECO R.L. y FECOMAN L.P. R.L., organizaciones que acumulaban observaciones económicas superiores a los 95 millones de bolivianos.
La disposición generó malestar inmediato debido a la delicada situación financiera y operativa que atraviesa la CNS. Miles de asegurados denuncian diariamente retrasos en consultas, falta de especialistas, suspensión de cirugías y escasez de medicamentos. En ese escenario, distintos sectores consideran que el decreto representa un golpe directo a la estabilidad económica de la institución encargada de brindar atención médica a trabajadores y sus familias.
La molestia creció porque la norma beneficia a cooperativas vinculadas a la explotación del oro, actividad que en los últimos años registró importantes ganancias por el incremento sostenido del precio internacional del mineral. Para asegurados y trabajadores, resulta incomprensible que organizaciones con elevada capacidad económica reciban facilidades extraordinarias mientras la población debe soportar descuentos obligatorios y un sistema sanitario deteriorado.
“Si un trabajador deja de pagar, le llegan sanciones de inmediato. Aquí se está haciendo desaparecer una deuda multimillonaria”, señalaron dirigentes laborales y afiliados que cuestionaron la decisión gubernamental. Las observaciones apuntan a un trato desigual frente a las obligaciones con el Estado y a una aparente protección política hacia sectores aliados del oficialismo.
El contenido del Decreto 5618 también abrió cuestionamientos sobre el manejo institucional de la seguridad social. Sectores sindicales denunciaron que la medida elimina responsabilidades acumuladas durante casi una década, anulando procesos administrativos y notas de cargo que buscaban recuperar recursos para la CNS. La preocupación principal radica en el impacto económico que tendrá la decisión sobre una entidad que ya enfrenta dificultades para cubrir servicios esenciales.
Pacientes consultados en distintos hospitales expresaron indignación por la medida. Muchos relataron que deben comprar medicamentos con recursos propios debido a la falta de insumos en farmacias hospitalarias, mientras otros esperan meses para acceder a estudios especializados o intervenciones quirúrgicas. Para numerosos asegurados, el decreto transmite la sensación de que existen sectores privilegiados que reciben beneficios imposibles para cualquier ciudadano común.
Las críticas también alcanzaron el vínculo político entre el Gobierno y el cooperativismo minero. Diversos sectores sostienen que la norma busca preservar alianzas estratégicas con organizaciones que históricamente tuvieron capacidad de presión y movilización. Según las denuncias, la administración estatal habría optado por priorizar acuerdos políticos antes que la recuperación de recursos destinados a la salud pública.
El rechazo se amplificó en redes sociales y espacios sindicales, donde usuarios calificaron el decreto como una medida injusta y perjudicial para la población asegurada. Varios trabajadores recordaron que los aportes a la seguridad social son descontados mensualmente de sus salarios sin posibilidad de retraso ni negociación, situación completamente distinta a la aplicada con las cooperativas beneficiadas.
